Más control sobre las prestaciones

Los sistemas para defraudar en el cobro del paro son muy diversos y han saltado de forma periódica a la actualidad. En la mayoría de los casos existe connivencia entre el empresario y el trabajador, ya que, si no es así, es muy difícil que se produzca el fraude.En los últimos años han surgido empresas de asesoría que, a cambio de pequeñas aportaciones, facilitan a los trabajadores sin derecho al subsidio documentos aparentemente legales para cobrar el paro. Juzgados de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz y Cantabria han tramitado en los últimos años casos de este tipo.

La Inspección de T...

Los sistemas para defraudar en el cobro del paro son muy diversos y han saltado de forma periódica a la actualidad. En la mayoría de los casos existe connivencia entre el empresario y el trabajador, ya que, si no es así, es muy difícil que se produzca el fraude.En los últimos años han surgido empresas de asesoría que, a cambio de pequeñas aportaciones, facilitan a los trabajadores sin derecho al subsidio documentos aparentemente legales para cobrar el paro. Juzgados de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz y Cantabria han tramitado en los últimos años casos de este tipo.

La Inspección de Trabajo impuso, entre enero y octubre de 1994, un total de 5.839 sanciones a empresas españolas por actuación fraudulenta de perceptores de prestaciones de desempleo o connivencia para el cobro indebido. Estas propuestas de sanciones supusieron un importe global de 2.484 millones de pesetas, cerca de un 50% más que un año antes.

El día 6 de julio de 1996, el actual Gobierno anunciaba un plan compuesto por 29 medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en la Seguridad Social, que eran en gran parte actuaciones ya previstas en la anterior legislatura pero que no se utilizaban en su integridad.

En el mes de mayo de 1997, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) anunció que tenía previsto aumentar el control sobre el cobro de prestaciones de desempleo para evitar el fraude.

El Inem quería poner en marcha un plan específico para la exigencia de responsabilidad empresarial y la recuperación de los cobros indebidos de las prestaciones del desempleo en las vías administrativa y ejecutiva con la colaboración de los agentes sociales y la coordinación de actuaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El pasado mes de junio el Ministerio de Trabajo anunció que había retirado o denegado la prestación de desempleo a 375.100 parados entre los años 1996 y 1997, lo que supone un 7,8% de los beneficiarios. Del total de sancionados, a 260.000 se les aplicó la pérdida total o la suspensión por un mes de la prestación o el subsidio, y a 115.000 se les denegó por no cumplir los requisitos exigidos.

Las medidas adoptadas por Trabajo produjeron un ahorro de 132.178 millones de pesetas como resultado de la lucha contra el fraude y la morosidad. Aplicadas también en la Seguridad Social y Asuntos Sociales, en conjunto han supuesto un ahorro de 427.116 millones de pesetas a lo largo de los últimos dos años.

El Ministerio de Trabajo va a seguir con lupa a varios colectivos para redoblar los esfuerzos contra el fraude, que ayer conoció un nuevo capítulo con la detención de 137 personas en varias provincias españolas por fraude al desempleo.