El sector alcoholero cree que la "ley seca" comportará más accidentes
VIENE DE LA PÁGINA 1 Tanto el consejero de Sanidad, Eduard Rius, como los partidos de izquierda y nacionalistas radicales que dieron apoyo a la ley destacaron que la regulación de la venta de alcohol no tendrá un coste importante para los productores. Las empresas cerveceras, vinícolas y del cava se han opuesto, sin embargo, de forma rotunda a la prohibición. La Asociación de Distribuidores e Industrias de Grandes Marcas de Bebidas (Adigram) declaró ayer a Europa Press que la ley provocará un aumento de los accidentes de tráfico, en lugar de evitarlos. El vicepresidente de Adigram, Vicente D...
VIENE DE LA PÁGINA 1 Tanto el consejero de Sanidad, Eduard Rius, como los partidos de izquierda y nacionalistas radicales que dieron apoyo a la ley destacaron que la regulación de la venta de alcohol no tendrá un coste importante para los productores. Las empresas cerveceras, vinícolas y del cava se han opuesto, sin embargo, de forma rotunda a la prohibición. La Asociación de Distribuidores e Industrias de Grandes Marcas de Bebidas (Adigram) declaró ayer a Europa Press que la ley provocará un aumento de los accidentes de tráfico, en lugar de evitarlos. El vicepresidente de Adigram, Vicente Dalda, explicó: "Si los ayuntamientos prohíben la venta de alcohol durante las noches, el señor que quiera tomar una última copa de cava o de cerveza deberá desplazarse para ello al municipio vecino, y si se considera que ello sucederá de madrugada y en carreteras secundarias, aumentará muchísimo el riesgo de accidente". Dalda opinó también que la nueva ley de drogodependencias no hace más que "cerrar los ojos ante el problema" del consumo excesivo de alcohol y que la única solución es una mejor educación de los consumidores. Pese a votar a favor de la ley, la oposición criticó la "precipitación" con que ha actuado el Gobierno de la Generalitat (el trámite completo no ha durado más de tres semanas), y recordó que el propio presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre, envió una carta a los grupos parlamentarios en la que pedía la retirada del proyecto y una negociación con los sectores afectados. El PP votó negativamente por considerar que se trata de una "ley seca" que "criminaliza a la juventud".
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