Los municipios de 7.000 habitantes también tendrán que reservar suelo

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Patrimonios Públicos de Suelo, en el que se extiende la obligación de destinar una cantidad de los presupuestos municipales a la conformación de un patrimonio de suelo en los municipios de más de 7.000 habitantes. Hasta la aprobación de la nueva ley, si en el trámite parlamentario queda como está en el proyecto gubernamental, esta obligación recae sobre ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Una consideración que no es lógica para el consejero de Ordenación del Territorio, Patxi Ormazabal, ya que "problemas como el de la vivienda no son e...

El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Patrimonios Públicos de Suelo, en el que se extiende la obligación de destinar una cantidad de los presupuestos municipales a la conformación de un patrimonio de suelo en los municipios de más de 7.000 habitantes. Hasta la aprobación de la nueva ley, si en el trámite parlamentario queda como está en el proyecto gubernamental, esta obligación recae sobre ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Una consideración que no es lógica para el consejero de Ordenación del Territorio, Patxi Ormazabal, ya que "problemas como el de la vivienda no son específicos de las grandes poblaciones". En el proyecto se regulan el destino de estos bienes y las eventuales cesiones y enajenaciones, la constitución de reservas municipales de suelo y los procedimientos para su delimitación y expropiación. Ormazabal explicó que el Gobierno ha pretendido delimitar la "genérica obligación de destino del patrimonio de suelo", ya que en la legislación vigente además de la construcción de viviendas protegidas se permiten "otros usos de interés social", lo cual, dijo, ha llevado en ocasiones a "prácticas abusivas de ese concepto". El proyecto establece que, además de la promoción de viviendas protegidas, serán fines de interés social la adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas, los gastos de urbanización, la construcción de equipamientos colectivos, las operaciones de rehabilitación o renovación urbana, la del patrimonio histórico y cultural, así como las operaciones de conservación, protección o recuperación del medio físico natural en zonas declaradas de especial protección. El consejero añadió que, con el proyecto aprobado ayer, el Ejecutivo pretende superar el concepto de patrimonio municipal de suelo por el de patrimonios públicos, para dar posibilidad a todas las instituciones "supramunicipales" para que conformen sus patrimonios.