La oposición y CiU fuerzan al PP a implantar la primera ecotasa
Los mensajes de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, de que quien contamina paga, tienen más eco en la oposición que entre sus compañeros de gobierno, como se vio ayer en el Congreso durante la votación en Comisión del proyecto de Ley de Residuos. Mientras Tocino reconoce que el Ministerio de Hacienda se niega a implantar en España impuestos finalistas para financiar el reciclado de basuras porque "aumentaría la inflación", tuvo que ser su socio parlamentario, CiU, el que forzara la incorporación de una enmienda por la que se crea la primera ecotasa española.
Se trata de un...
Los mensajes de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, de que quien contamina paga, tienen más eco en la oposición que entre sus compañeros de gobierno, como se vio ayer en el Congreso durante la votación en Comisión del proyecto de Ley de Residuos. Mientras Tocino reconoce que el Ministerio de Hacienda se niega a implantar en España impuestos finalistas para financiar el reciclado de basuras porque "aumentaría la inflación", tuvo que ser su socio parlamentario, CiU, el que forzara la incorporación de una enmienda por la que se crea la primera ecotasa española.
Se trata de un impuesto finalista que gravará los aceites industriales para financiar su reciclado e impedir que se viertan a las alcantarillas o a los cauces fluviales, una vez usados. Según Lluís Recoder, portavoz nacionalista, esta ecotasa será recaudada por el Ministerio de Medio Ambiente, que la distribuirá luego entre las comunidades autónomas para que financien los sistemas de recogida y reciclado de los aceites.
Si la Ley de Residuos se logra aprobar antes del verano, el Gobierno dispondrá de un año de plazo, a partir de su entrada en vigor, para regular la aplicación del mencionado gravamen.
Tanto el PSOE como IU consideran insuficiente este impuesto y solicitaron sin éxito la creación de un Fondo Ambiental para financiar todos los costes del reciclado de residuos. El propio PSOE, en una ley precedente que aprobó el Gobierno de Felipe González en 1995, incluía la. aplicación de un gravamen de 6 pesetas por tonelada de residuos. La convocatoria de elecciones anticipadas frustró su aprobación en las Cortes.
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