Los negociadores esperan un acuerdo inminente sobre el conflicto minero

Las discrepancias sobre las prestaciones económicas de los prejubilados, las recolocaciones, la plantilla final para el año 2001 y el convenio colectivo están frenando un acuerdo entre el Ministerio de Industria y los sindicatos CC OO y UGT que ponga fin al conflicto de las cuencas mineras de Asturias. Pese a esas diferencias, ayer, al igual que durante la jornada anterior, los negociadores mostraban su confianza en un acuerdo este fin de semana.

Así lo expresaron tanto Ignacio Fernández Toxo (CC OO) como Jesús Urrutia (UGT) en las pausas de su encuentro informal con el secretario d...

Las discrepancias sobre las prestaciones económicas de los prejubilados, las recolocaciones, la plantilla final para el año 2001 y el convenio colectivo están frenando un acuerdo entre el Ministerio de Industria y los sindicatos CC OO y UGT que ponga fin al conflicto de las cuencas mineras de Asturias. Pese a esas diferencias, ayer, al igual que durante la jornada anterior, los negociadores mostraban su confianza en un acuerdo este fin de semana.

Así lo expresaron tanto Ignacio Fernández Toxo (CC OO) como Jesús Urrutia (UGT) en las pausas de su encuentro informal con el secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta, que persigue desbloquear el diálogo. La negociación se trasladó anoche a la mesa oficial de la minería en Los Peñascales (Madrid). Fernández Cuesta dijo que las diferencias son escasas", aunque explicó que la complejidad de los aspectos a tratar hace que las negociaciones sean prolongadas.Toxo y Urrutia aseguraron que las últimas propuestas del secretario de Estado son "inaceptables" y añadieron que "alguien tiene que tomar una decisión política para encontrar una salida", responsabilidad que trasladaban al ministro de Industria, Josep Piqué, e incluso a otros más altos responsables del Gobierno.

De esas últimas propuestas presentadas a los sindicatos, una de las que parece ofrecer más dificultades es la concreción de la plantilla final que deben tener Hunosa y Minas de Figaredo en el año 2001.

De los 9.800 trabajadores actuales, 4.000 se van a prejubilar cuando cumplan 52 años y su salida se va a compensar con la entrada en las explotaciones mineras de 736 operarios excedentes del sector. Otros 335 lo harán en proyectos de diversificación, pero si éstos fallan se incorporarán también a las minas.

Además, habrá bajas incentivadas para el personal no vinculado a producción -el que trabaja en el bautizado como pozo moqueta- y con una indemnización máxima de 30 millones de pesetas. Con ello quedaría una plantilla final en las dos empresas de 6.500 trabajadores, pero a la hora de plasmar eso en el papel, a juicio de los sindicatos, no queda clara la garantía de que ésa sea la plantilla mínima.

Una vez concretado el número total de trabajadores, la Administración tiene que precisar cuál será la producción en el año 2000 y establecer, si con 6.500 operarios se puede llegar a los 2,1 millones de toneladas acordados en mayo pasado, cifra que pone en cuestión la Comisión Europea, que quiere rebajarla desde los actuales 2,5 millones de toneladas a 1,5 millones.

Respecto a las prestaciones económicas a los prejubilados, la Administración admite respetar lo pactado en mayo y que los trabajadores perciban el 100% del salario neto actual, pero ahora se añade la fijación de un tope de ingresos que el jueves era de 412.000 pesetas netas mensuales y anoche se bajó a 392.000. Ese límite ofrece problemas para el personal técnico de más alta cualificación.

También hay discrepancias respecto al convenio colectivo para los años 1998-2001, ya que los sindicatos cuestionan la pérdida de poder adquisitivo que supone la última oferta de la Administración, consistente en un incremento salarial del 70% de la inflación prevista para este año, y para los tres próximos años, del 80%, 90% y 100% del índice de precios, respectivamente.

Josep Piqué, además de vigilar atentamente el desarrollo de estas negociaciones, firmó ayer con el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Juan José Lucas, del Partido Popular, un convenio para estimular las inversiones alternativas en las zonas mineras de León y Palencia. La Administración central pone a disposición de la comunidad una cifra entre 35.000 y 36.000 millones de pesetas para los proyectos que se vayan aprobando.

Este convenio es una parte del previsto para el conjunto de las zonas mineras de España, que proyecta unas. inversiones de 400.000 millones en ocho años destinadas a infraestructuras, 80.000 millones para apoyo a proyectos empresariales y 40.000 millones de pesetas para formación profesional.