El dinero de nadie
No sé si se han dado ustedes cuenta de que el dinero público no le interesa a casi nadie salvo en la medida en que se reclama para darle un destino concreto con beneficiarios tangibles: subvención, pensión, pago contractual, sueldo, salario o retribución cualquiera, incluidas deudas históricas de toda laya.El dinero público y su destino también interesa si puede ser fuente de condena, repulsa y ludibrio de personas concretas, especialmente adversarios políticos u otros cabezas de turco. De modo que, en ocasiones habituales, la pérdida de un dinero público mediante fechoría atribuida a alguien ...
No sé si se han dado ustedes cuenta de que el dinero público no le interesa a casi nadie salvo en la medida en que se reclama para darle un destino concreto con beneficiarios tangibles: subvención, pensión, pago contractual, sueldo, salario o retribución cualquiera, incluidas deudas históricas de toda laya.El dinero público y su destino también interesa si puede ser fuente de condena, repulsa y ludibrio de personas concretas, especialmente adversarios políticos u otros cabezas de turco. De modo que, en ocasiones habituales, la pérdida de un dinero público mediante fechoría atribuida a alguien es una fuente de gozo: el de verlo condenado, y, sobre todo, si es un adversario político. Pero de la pérdida del dinero en sí no se lamenta nadie, o al menos yo no lo oigo. Eso no sucede con el dinero privado, de cuya pérdida alevosa se lamenta siempre el perjudicado; el dinero público no comporta, al parecer, cohorte de perjudicados; generosos que somos, porque ya se sabe que los perjudicados somos todos.
Ejemplo reciente: los presuntos 200.000 millones perdidos para la Hacienda pública por notificación tardía de liquidaciones, retraso producido según criterio que ha prevalecido en el Tribunal Supremo. No hay delito en tales retrasos, no hay culpabilidad penal; eso dice el auto del juez Garzón, publicado en los periódicos, y dice bien; y es de celebrar que no haya delincuentes en tomo al asunto, ni condenas, ni veja Ahora bien, de los 200.000 millones, ¿quién se preocupa? Nadie, o casi nadie, a pesar de que se han perdido, o se han podido perder. Sí, por cierto, el juez Garzón, en párrafo de su auto que no ha merecido comentario y dice: "La gravedad, desde el punto de vista de esta instrucción, deriva de que ante el alarmante retraso acumulado en la tramitación de cientos de expedientes importantes no se advirtiera el peligro de la situación y el riesgo de pérdida de cuantiosos ingresos para la Hacienda pública por no atisbar el cambio de interpretación jurisprudencial que, antes de tomar sede en el Tribunal Supremo, ya se había iniciado por algún tribunal superior de justicia". Hay que darse cuenta de que si, en vez de dinero público, se hubiera tratado de dinero no público, por ejemplo, de una sociedad importante, éste es el primer punto de vista que hubiera prevalecido en administradores y socios: ¿por qué, ante la posibilidad de la pérdida, ya apuntada desde la primera sentencia de un tribunal territorial, no se tomaron las medidas adecuadas para que esa pérdida no se produjera si esa jurisprudencia resultaba definitiva?
Me imagino a administradores no implicados y accionistas preguntando por la evitabilidad o inevitabilidad de las pérdidas de los 200.000 millones que pudieran faltar a la cuenta; me imagino a los gestores preocupados por esa posible pérdida, e intranquilos aunque su conducta hubiera sido en todo momento penalmente irreprochable.
Pero es que, con el dinero público, pérdida sin alguien a quien imputarle desvergüenza políticamente trascendente, no interesa para nada; al menos a muchos políticos y gente opinante. Pero quizá lo primero y principal es que el dinero público se administre con el mismo cuidado con el que se administra el privado bien administrado, y no que se demuestre que nadie ha delinquido, lo que produce relajación total. Me parece que estamos en un estadio muy primitivo en cuanto a la apreciación de lo público; por muy estatistas, intervencionistas y suspirantes de lo público que algunos sean o se proclamen.
Pero es que, además, en este caso, ni siquiera es seguro que los 200.000 millones hubieran podido existir, aun con liquidaciones en plazo; eran, al parecer, consecuencia de actas de disconformidad, y lo más probable es que, recurridas ante los tribunales, en buena medida hubieran quedado sin efecto por motivos distintos del retraso. Lo cual pone también en evidencia la facilidad con que se apunta el ente público en su haber derechos económicos escritos en la arena de la playa.
Perdón por volver sobre un asunto que, paradójicamente, a pesar de ser económico, no tiene ningún interés.