Ruiz-Gallardón promete revisar las cuentas de los gasolineos sospechosos de fraude

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reafirmó ayer su "absoluta voluntad de llegar hasta el final" en la investigación del presunto fraude de las gasolineras y anunció que su Administración no se limitará a inspeccionar los surtidores, sino que estudiará también los 44gastos e ingresos, partidas y cuentas corrientes" de los empresarios sospechosos. Fuentes de la Consejería de Economía regional explicaron que la investigación económica consistirá en elaborar auditorías a las empresas presuntamente implicadas, lo que apunta al Grupo Villanueva.

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El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reafirmó ayer su "absoluta voluntad de llegar hasta el final" en la investigación del presunto fraude de las gasolineras y anunció que su Administración no se limitará a inspeccionar los surtidores, sino que estudiará también los 44gastos e ingresos, partidas y cuentas corrientes" de los empresarios sospechosos. Fuentes de la Consejería de Economía regional explicaron que la investigación económica consistirá en elaborar auditorías a las empresas presuntamente implicadas, lo que apunta al Grupo Villanueva.

Ruiz-Gallardón destacó la "plena credibilidad" de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyo estudio destapó el escándalo, y se mostró convencido de que, si el fraude se ha cometido en Madrid, "se estará cometiendo también en otros sitios de España". Las investigación oficial, agregó, llegará "hasta el límite de los conocimientos técnicos y científicos" e incluirá una revisión de todas las gasolineras de la comunidad "para garantía de los ciudadanos".El consejero de Economía y Empleo regional, Luis Blázquez, afirmó que, tras las últimas actuaciones de su departamento, tiene "la convicción moral" de que existió fraude y anunció una nueva normativa para evitar el engaño en las mediciones de los surtidores de gasolina, el endurecimiento de las sanciones a los defraduadores y la creación de un equipo de especialistas para descubrir cualquier manipulación. La nueva normativa "sería perfecta si llegara a establecer un sistema de control invulnerable, pero esto parece prácticamente imposible", admitió Blázquez.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Roberto Sáenz, anunció ayer que propondrá que se expulse de su asociación a los empresarios que estafen a los consumidores.

Sáenz aseguró que el sistema de manipulación destapado por la OCU es "muy sofisticado y requiere una alta preparación técnica que no está al alcance de cualquiera".

La familia Villanueva -propietaria de 50 gasolineras en toda España, que facturan unos 50.000 millones al año- difundió ayer un segundo comunicado donde, como en el primero, rechaza las acusaciones. Dice así: "En las investigaciones realizadas en nuestras estaciones de servicio objeto de la denuncia no se ha encontrado prueba alguna de actuación fraudulenta. El dictamen pericial evacuado en el día de ayer [anteayer] por, el técnico del fabricante alemán de los aparatos surtidores ha sido categórico: los calculadores R% (denominados placas en los medios) objeto de examen están en perfecto estado operativo, sin alteración alguna respecto a las características originales de la fábrica. Rechazamos las insidiosas acusaciones sobre sistemas "fantasmagóricos", de mando a distancia, sin otro respaldo que la afirmación de su supuesta existencia (sic)".

Retirada de concesiones

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid presentó ayer una proposición no de ley en la que insta al Gobierno regional a presentar, antes de tres meses, un proyecto de ley de disciplina de mercado y defensa de los consumidores según el cual "las empresas que se vean implicadas en conductas tipificadas como fraudulentas pierdan las concesiones y no puedan acceder a otras".Tal ley deberá incluir también el endurecimiento de las sanciones, la creación de una Fiscalía de Consumo, la elaboración de un reglamento de inspección de consumo de la Comunidad de Madrid y el incremento de las inspecciones en las estaciones de servicio, "tanto para evitar el fraude en la cantidad de combustible como en la calidad del mismo".

El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, que ayer se reunió con la asociación de empresarios de gasolineras, calificó de "torpe, ineficaz y sin reflejos" la actuación, del Gobierno regional en este caso y criticó la "actitud silenciosa" mantenida hasta ayer por el presidente Ruiz-Gallardón. No obstante, el presidente madrileño ha hecho diversas declaraciones a emisoras y televisiones -entre ellas Antena 3- durante estos días, en las que ha considerado fiable el informe de la OCU.

De su lado, Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid pidió la inmediata destitución del director general de Industria, Leopoldo del Pino, "como primer responsable directo de las constatables irregularidades" en las gasolineras denunciadas por la OCU. IU extendió sus críticas al conjunto del Gobierno regional, "por la tardanza en reaccionar" y por no admitir la existencia de un fraude "que luego los hechos y las decisiones judiciales" han confirmado.

Finalmente, el consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, anunció ayer que se inspeccionarán las 774 gasolineras de la región para comprobar que los surtidores no han sido manipulados. "Si se detecta alguna irregularidad de este tipo, se aplicará la sanción máxima prevista", aseguró.