Los abogados de las víctimas del régimen chileno denuncian al fiscal jefe

Juan José Martínez Zato, jefe de la inspección de la fiscalía general del Estado, recibió el lunes pasado la denuncia contra el fiscal Eduardo Fungairiño, presentada por los abogados de la acusación particular de la causa que instruye contra la dictadura chilena el juez Manuel García Castellón. Ese mismo día Martínez Zato elevó la denuncia al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por entender "que sólo a él corresponde decidir la apertura del correspondiente expediente disciplinario".Según los abogados que asisten a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet personadas en la causa, ...

Juan José Martínez Zato, jefe de la inspección de la fiscalía general del Estado, recibió el lunes pasado la denuncia contra el fiscal Eduardo Fungairiño, presentada por los abogados de la acusación particular de la causa que instruye contra la dictadura chilena el juez Manuel García Castellón. Ese mismo día Martínez Zato elevó la denuncia al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por entender "que sólo a él corresponde decidir la apertura del correspondiente expediente disciplinario".Según los abogados que asisten a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet personadas en la causa, Fungairiño "ha ocultado información a la Junta de Fiscales de Sala". Entre otros hechos relevantes que los denunciantes consideran ocultados a la Junta de Fiscales de Sala celebrada el 10 de diciembre último, figura que en la instrucción hay constancia de la muerte o "desaparición" bajo tortura del diplomático español Carmelo Soria, del sacerdote valenciano Antonio Llidó, del andaluz Enrique López Olmedo, el riojano Antonio Elizondo Ormaechea y la española Michelle Peña. Tal ocultación la estiman "deliberada".

También consideran los denunciantes "que en la causa consta la existencia de una red terrorista internacional que, bajo el mando del general Pinochet, ha consumado o intentado asesinatos en España, Italia, Francia, Portugal, EE UU, México, Costa Rica, Argentina, etcétera". Asimismo, estiman silenciado por Fungairiño que "en esta causa la imputación de genocidio a Pinochet, y otros, está fundamentada en la doctrina del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya" y en otras instancias internacionales que los denunciantes detallan.

Falta de información

Otro de los hechos que destaca la denuncia contra Fungairiño es que éste fiscal "desinforma a la opinión pública, presentando como 'visita enteramente formal la del general Fernando Torres Silva a la Audiencia Nacional el 3 de octubre de 1997, cuando consta en las diligencias previas que este firmó una comparecencia como 'abogado, auditor general del Ejército de Chile' ( ... ) en diligencias sobre genocidio contra Augusto Pinochet Ugarte, a fin de esclarecer los hechos durante el Gobierno de Augusto Pinochet".Los denunciantes concluyen que Fungairiño "no reúne, ante esta concreta causa, la imparcialidad y respeto a la legalidad que los artículos 6 y 7 del Estatuto del Ministerio Fiscal exigen para intervenir en un procedimiento". Y reiteran a Cardenal lo ya solicitado el 16 de octubre: "Que tenga a bien designar para esta causa un fiscal que esté familiarizado con el Derecho Penal Internacional en que se fundamenta y no sea insensible a los fines de dichas normas: la necesidad de no dejar impunes la tortura, el terrorismo internacional y el genocidio".