El Consejo de Estado prepara un frenazo para las universidades católicas de Ávila y Murcia

Las universidades católicas creadas en Ávila y Murcia por los respectivos obispos sufrirán un batacazo en el Consejo de Estado si el pleno de este organismo aprueba los 41 folios del proyecto de dictamen elaborado por el letrado de la Sección VII, especializada en asuntos educativos. El texto deja claro que los acuerdos entre España y el Vaticano no son patente de corso para eludir el control de la Administración y las normas generales. Un obispo puede "crear" una universidad, pero nada más. Ni puede ceder su titularidad a una fundación, como ha ocurrido en Ávila, ni las clases que están a pun...

Las universidades católicas creadas en Ávila y Murcia por los respectivos obispos sufrirán un batacazo en el Consejo de Estado si el pleno de este organismo aprueba los 41 folios del proyecto de dictamen elaborado por el letrado de la Sección VII, especializada en asuntos educativos. El texto deja claro que los acuerdos entre España y el Vaticano no son patente de corso para eludir el control de la Administración y las normas generales. Un obispo puede "crear" una universidad, pero nada más. Ni puede ceder su titularidad a una fundación, como ha ocurrido en Ávila, ni las clases que están a punto de comenzar son universitarias mientras no se cumplan los requisitos de las universidades privadas.

La creación de estas dos universidades ha provocado una gran alarma en la comunidad universitaria, que cuestiona la viabilidad académica de los proyectos y teme que la inédita vía jurídica ensayada por los obispos de Ávila -Antonio Cañizares (posteriormente trasladado a Granada)-, y de Cartagena -Javier Azagra (con jurisdicción sobre la comunidad murciana), abra el portón a las universidades del obispo: instituciones creadas al amparo de los acuerdos de 1979 España-Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales y con la pretensión de eludir la Ley de Reforma Universitaria y el real decreto que estipula los requisitos mínimos de personal, enseñanza y material.

Consulta de Aguirre

El dictamen del Consejo de Estado dará respuesta a una consulta de la titular de Educación, Esperanza Aguirre. La ministra, aunque el pasado 15 de octubre acudió a Ávila para el acto de colocación de la primera piedra, retrocedió luego en su apoyo a la Universidad Católica, a sugerencia de Fernando Tejerina y Alfonso Fernández-Miranda, que entonces formaban su equipo de Universidades.

El dictamen no será vinculante, pero lo atenderá previsiblemente la Administración. Ello dejaría a estas universidades en una situación complicada, pues las convierte prácticamente en academias cuando faltan sólo unos días para el comienzo de las clases.

Fuentes universitarias sostienen que los anuncios que están insertando ambas instituciones son publicidad engañosa, teniendo en cuenta que se usa el término universidad, que la Administración no les reconoce. Otras fuentes plantean la posibilidad de que los alumnos inscritos (un centenar en Ávila y 500 en Murcia) sean víctimas de una estafa, ya que se les ofrece un título universitario aún inexistente.

Los principales puntos del dictamen, que se centra en el caso de Ávila pero cuyas consideraciones "pueden ser extrapoladas a cualquier otro asunto similar", remiten reiteradamente al cumplimiento de los requisitos generales:

Fundación. Un obispo puede crear una universidad sin necesidad de que el Parlamento autonómico la "apruebe" (si es pública) o "reconozca" (si es privada). Pero la creación equivale a un mero "establecimiento formal", no da derecho al "funcionamiento efectivo".

Funcionamiento. Las universidades de la Iglesia quedan sometidas a la legislación civil vigente en cada momento, solución lógica si se tiene en cuenta que se trata de enseñanzas no eclesiásticas que como tales deben impartirse salvaguardando la calidad mínima exigible". Es decir, para que la Universidad pueda ejercer su actividad, la Administración autonómica debe comprobar si cumple las normas, y específicamente los requisitos de las universidades privadas. Ambas universidades católicas pretendían que sólo los planes de estudio pasaran por el Consejo de Universidades, si bien la de Murcia ha ido modificando su posición y ahora se declara dispuesta a cumplir los requisitos.

Titularidad. Cuando un obispo crea una universidad católica, nadie más que él puede ser titular. El dictamen califica de admisible que la Iglesia católica, amparada en los acuerdos con el Vaticano, funde universidades, "directa o indirectamente, en favor de terceros, aunque se trate de fundaciones sin ánimo de lucro".

Se considera un "fraude legal" la posibilidad de que la Fundación Universidad Católica Santa Teresa de Jesús, de Ávila, sea titular de la universidad. En la fundación participan el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Caja de Ávila y el Obispado. El número tres del PP, Ángel Acebes, participó en la primera fase, cuando era alcalde de Ávila.

El caso de Murcia es más complejo, ya que el obispo sólo ha cedido la administración y gestión a una fundación que no es formalmente titular.

Privadas. El dictamen afirma que "no es viable configurar las universidades creadas por la Iglesia católica como una tercera categoría distinta de las universidades públicas y privadas". Para el Consejo de Estado son privadas todas las que no son públicas; no hay tercera clase. En consecuencia, las universidades de la Iglesia, salvo en el acto de creación, son privadas a todos los efectos.