Chile insiste en no ayudar a la causa contra Pinochet, aunque aprecia el apoyo de EE UU
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, aseguró ayer que la decisión de Estados Unidos de contribuir con información en poder de la CIA y el FBI a la investigación que lleva el magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional de Madrid, sobre los casos de españoles y chilenos víctimas de atropellos a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, "no va a llevar a ninguna parte", aunque consideró " positiva" la decisión norteamericana."Nosotros no tenemos ninguna participación en esto", afirmó Insulza. "Este es un asunto entre el...
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, aseguró ayer que la decisión de Estados Unidos de contribuir con información en poder de la CIA y el FBI a la investigación que lleva el magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional de Madrid, sobre los casos de españoles y chilenos víctimas de atropellos a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, "no va a llevar a ninguna parte", aunque consideró " positiva" la decisión norteamericana."Nosotros no tenemos ninguna participación en esto", afirmó Insulza. "Este es un asunto entre el Gobierno de España y el Gobierno de Estados Unidos, en el cual Chile no tiene nada que ver".
El ministro de Exteriores chileno subrayó que este proceso será "inconducente, ya que no se llegará a determinar culpables, sino que solamente será un juicio político contra el Gobierno militar". Insulza descartó que pueda haber problemas para el general Pinochet, ya que el militar no tiene planeado viajar a España en los proximos meses.
El representante chileno apuntó que le parecía "estupendo" la colaboración de las autoridades norteamericanas con las españolas, y consideró que esto no constituye una contradicción con la actitud chilena de no cooperar.
El Departamento de Estado de EE UU indicó ayer que desconoce el volumen de la información que pondrá a disposición de las autoridades españolas. "No tenemos ni idea de lo que pueda haber en los archivos de las diferentes agencias", declaró un portavoz, quien no obstante reconoció la posibilidad de que existan datos sobre las actividades represoras del régimen de Pinochet.
La reacción del Gobierno chileno contrastó con la de representantes de organismos defensores de los derechos humanos y una hija del ciudadano español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de seguridad de la dictadura, quienes expresaron su satisfacción porque la ayuda norteamericana permitirá el avance del proceso.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Sola Sierra, dijo confiar en que el juez García Castellón tendrá así "antecedentes que le permitirán esclarecer muchos casos de personas víctimas del terrorismo en Chile y otros países", porque "gran parte de la responsabilidad del golpe militar [del 11 de septiembre de 1973] la tuvo la CIA. Ellos tienen información sobre los elementos que, se usaron para la represión y de los métodos empleados para eliminar personas".
Limpieza de imagen
Según Sierra, la noticia publicada ayer por EL PAÍS le da aliento, porque a pesar de que en los casos de derechos humanos en Chile hay "denegación de justicia, en otras latitudes existen seres humanos que no permiten que los crímenes de lesa humanidad queden sin castigo". Sierra manifestó su convicción de que "la justicia tarda, pero tiene que llegar" y explicó que esta colaboración impedirá que prosiga la "limpieza de imagen" que el actual Gobierno chileno y el anterior han tratado de hacer con el general Pinochet y los otros miembros de la junta, " responsables de los crímenes cometidos en la dictadura militar".La colaboración estará probablemente centrada en torno a la participación del norteamericano Michael Tonwley, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, involucrado entre otros crímenes, en el de Soria; en el del ex jefe del Ejército chileno, general Carios Prats, asesinado en Argentina junto con su esposa; en el del ex ministro Orlando Letelier, perpetrado en Washington, y en el atentado en Italia contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton.