El Defensor del Pueblo llama la atención sobre los recortes de la educación pública

El defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, considera que "sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada estando sometida a restricciones presupuestarias que ésta no padece o puede paliar de algún modo y pretender, además, extraer conclusiones de todo ello". En este análisis, incluido en el Informe del Defensor del Pueblo de 1996, se aprecia una severa llamada de atención sobre la estrategia de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, partidaria de una plena implantación de la ley de la oferta y la demanda en el ámbito de la educación.

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El defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, considera que "sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada estando sometida a restricciones presupuestarias que ésta no padece o puede paliar de algún modo y pretender, además, extraer conclusiones de todo ello". En este análisis, incluido en el Informe del Defensor del Pueblo de 1996, se aprecia una severa llamada de atención sobre la estrategia de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, partidaria de una plena implantación de la ley de la oferta y la demanda en el ámbito de la educación.

El Defensor del Pueblo tramitó en 1996 alrededor de 26.000 quejas, frente a las 15.000 del año anterior."Las consecuencias de las restricciones, apreciables en ámbitos diversos de la actividad administrativa y los servicios públicos, han ocasionado en el sector educativo repercusiones más amplias de las que procede tratar en el presente apartado, hasta el extremo de haberse reabierto el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza", afirma Álvarez de Miranda, quien hace una advertencia sobre las consecuencias de las limitaciones del gasto público: "No debiera padecer sus efectos el sistema educativo sobre el que necesariamente se ha de cimentar cualquier progreso futuro".

El defensor llama la atención a las autoridades educativas sobre "la ineludible necesidad de dotar al sistema educativo de todos los recursos necesarios para que éste cumpla adecuadamente su fundamental finalidad".

"La aportación de recursos financieros a la enseñanza pública y a la privada -proporcional al servicio que prestan tanto en la escolarización de alumnos como en la compensación de desigualdades geográficas, económicas y sociales- debiera ser siempre suficiente", afirma el defensor. "Y si en algún momento no lo es, las consecuencias negativas se verán reflejadas (y multiplicadas) en un futuro no muy lejano, en un sistema educativo deficiente que no responderá a las necesidades de la población", añade.

El defensor recuerda que, "según se viene destacando en sucesivos informes anuales, las limitaciones presupuestarlas han tenido efectos perceptibles en la implantación del nuevo sistema educativo, que ha sufrido varios retrasos en su calendario de aplicación y en algunos otros aspectos más puntuales, como pueden ser las dotaciones para profesorado sustituto, la construcción de nuevos centros o la reforma y mejora de los existentes".

En el informe se afirma que la tramitación de las quejas "permite obtener una impresión optimista respecto de la capacidad de las administraciones educativas".

Educación infantil

En educación infantil, "aunque en líneas generales pueden entenderse ya logrados los objetivos de escolarización legalmente definidos, en el caso de los alumnos de edades comprendidas entre los cuatro y los cinco años, no puede afirmarse lo mismo en el caso de alumnos de tres años".

En educación secundarla obligatoria (ESO), el defensor destaca la existencia de quejas por la inadecuación de los medios con que cuentan algunos centros, específicamente en materia de instalaciones. Algunas quejas "aluden a secciones de educación secundaria, provisionalmente albergadas en edificios que, según entienden [los recurrentes] no reúnen las condiciones exigibles". En el informe se anuncia una futura investigación in situ sobre los centros que han suscitado las reclamaciones.

También se hace eco de la necesidad de que se apliquen políticas de ayudas para la adquisición de los libros de texto, ya que la gratuidad no es posible por razones presupuestarias. En concreto, cita las posibilidades que ofrecen los reales decretos de becas y ayudas, y de compensación de desigualdades. Respecto a los programas de educación especial se afirma que hay centros sin personal especializado o sin los medios necesarios para atender las necesidades.

El panorama universitario es "francamente mejorable", según el informe, en el que se citan como problemas más frecuentes el fracaso de quienes no lograron acceder a los estudios de su elección, las demoras en la expedición de títulos, el sistema de becas y ayudas, y el procedimiento de acceso a la docencia.

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