Secretos y enigmas
EL CASO de las actas de inspección fiscal supuestamente prescritas por el favoritismo de la antigua Administración tributarla ejerce una irresistible atracción sobre el Gobierno y el Partido Popular. No pasa una semana sin que altos cargos del Ejecutivo o diputados del PP vuelvan sobre el asunto con nuevas acusaciones o enredos, cada uno más grave que el anterior, con desprecio absoluto de la comisión del Congreso que investiga los hechos y de las exigencias de serenidad y prudencia que se requieren para juzgar asuntos tan graves. Las declaraciones de Rodrigo Rato acusando al Gobierno anterior...
EL CASO de las actas de inspección fiscal supuestamente prescritas por el favoritismo de la antigua Administración tributarla ejerce una irresistible atracción sobre el Gobierno y el Partido Popular. No pasa una semana sin que altos cargos del Ejecutivo o diputados del PP vuelvan sobre el asunto con nuevas acusaciones o enredos, cada uno más grave que el anterior, con desprecio absoluto de la comisión del Congreso que investiga los hechos y de las exigencias de serenidad y prudencia que se requieren para juzgar asuntos tan graves. Las declaraciones de Rodrigo Rato acusando al Gobierno anterior de "ocultar documentos" y de Ilevarse datos" que justificaban la presunta amnistía fiscal responde al mismo modus operandi con que el Gobierno de Aznar ha intentado obtener una ventaja política inmediata de esta situación. Vuelven a ser acusaciones sin pruebas. Para sacar beneficio político del retraso en la tramitación de una serie de expedientes -cuya prescripción hasta ahora nadie ha demostrado- y que puede explicarse perfectamente por la mala organización de la agencia, la desidia administrativa o los conflictos internos en la agencia, Rato vuelve a dar ejemplo de abuso político y demagogia cuando sugiere que el Gobierno anterior cometió los delitos mencionados. O lo prueba ante el Parlamento o debe callar. La imputación gratuita de irregularidades o delitos se va acrecentando de forma implacable; si en un principio la acusación era de favoritismo y prevaricación, ahora estamos ya en robo de documentos oficiales y ocultación de pruebas. Pero, así como en los malos sainetes la repetición ad náuseam del mismo truco escénico acaba por aburrir al público, la insistencia en las acusaciones indemostradas puede restar y anular los beneficios políticos que creen poder obtener Aznar y Rato. Como desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Hacienda se ha manejado un caso jurídica y técnicamente complejo sin conocer ni dominar los resortes de la Agencia Tributaria, bien podría, además, darse el caso de que el Gobierno acabe por investigarse y acusarse a sí mismo. La actuación del actual director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, visitante noctámbulo en las oficinas de la agencia, debe ser explicada para aventar cualquier sospecha de. ocultación de pruebas. Resulta absurdo que el máximo responsable de la agencia envíe a un chófer a recoger el libro de registro de los expedientes -en contra de todas las normas administrativas de conducta-, justifique tal despropósito en la "relevancia de la información" y después, cuando se le pregunta por qué no envió el libro a la comisión, que lo había requerido semanas atrás, diga que "no lo consideró relevante". Es una contradicción grotesca.
La continua huida hacia adelante del Gobierno en este caso, quizá en busca de un acuerdo con los nacionalistas que le permita salvar la cara en la comisión, está produciendo gravísimos problemas en la Secretaría de Estado de Hacienda y en la Agencia Tributaria. Juan Costa se ha visto, obligado a extender la investigación interna en curso a las actividades nocturnas del director de la agencia y a algunos expedientes demorados que llevan su firma. La hipótesis de una crisis grave en la agencia está latente. Mientras, los inspectores fiscales, sujetos pacientes de filtraciones y comentarios inducidos por sus propios directivos, trabajan en un ambiente de malestar y enfrentamiento. O el Gobierno calla de una vez y espera a las conclusiones de la comisión, o corre el riesgo de provocar conflictos graves.
Los ciudadanos asisten atónitos al despliegue descarado de acusaciones, filtraciones de secretos de Hacienda a medios afines al Gobierno y visitas enigmáticas y semiclandestinas a los despachos de la inspección. Esto explica que, en plena campaña para la declaración de la renta, la credibilidad ante la opinión pública de la inspección tributaria esté bajo mínimos. Es la factura obligada por una conducta irresponsable y la incapacidad de enmienda. No es la primera vez que este Ejecutivo pierde el control de una situación huyendo ante sus propios errores. Ésta empieza a ser especialmente delicada.
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