El PNV quiso abrir la veda de aves migratorias ya en 1991
Las presiones de los cazadores guipuzcoanos para levantar la veda de las aves migratorias en su viaje prenupcial (a contrapasa, cuando retornan desde el sur de la península al norte de Europa, donde anidan), propuesta que ha logrado el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso con la oposición de IU y el PSOE (ver EL PAÍS de 11 de mayo), no son nuevas.El ex diputado del CDS Rafael Martínez Campillo, hoy retirado de la política, recuerda que no es la primera vez que el PNV ha asumido la defensa de los cazadores vascos para modificar la ley de Conservación de las Especies Natural...
Las presiones de los cazadores guipuzcoanos para levantar la veda de las aves migratorias en su viaje prenupcial (a contrapasa, cuando retornan desde el sur de la península al norte de Europa, donde anidan), propuesta que ha logrado el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso con la oposición de IU y el PSOE (ver EL PAÍS de 11 de mayo), no son nuevas.El ex diputado del CDS Rafael Martínez Campillo, hoy retirado de la política, recuerda que no es la primera vez que el PNV ha asumido la defensa de los cazadores vascos para modificar la ley de Conservación de las Especies Naturales de la Flora y Fauna Silvestres (Ley 4/89).
En 1991 el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo del CDS, IU y el PSOE, logró por 157 contra 90 votos (los del PNV, EA, CiU y el PP) que no se tomara en consideración la mencionada propuesta. Fue rechazada de entrada.
El ex diputado defendió con éxito el mantenimiento de la ley en su integridad, postura que le valió el reproche de los diputados peneuvistas. Siete años después, y a pesar de que el Tribunal de la Unión Europea ha dictado cuatro sentencias condenatorias por esta práctica cinegética, el PNV ha logrado con el apoyo del PP desde el Gobierno, superar el rechazo de 1991.
Según la agencia Efe, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno español información sobre el alcance de la reforma aprobada por la Comisión de Medio Ambiente el pasado 7 de mayo. Esta iniciativa responde a una denuncia planteada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), según ha confirmado el portavoz de Ritt Bjrregaard, comisaria europea de Medio Ambiente. Las autoridades españolas tienen dos meses de plazo para suministrar la información y aclarar las dudas planteadas por el Ejecutivo comunitario. "De no ser satisfactoria la respuesta, podría iniciarse un procedimiento de infracción", precisó el portavoz.