El Consejo de Estado anula una subvención dada por un ex consejero del PP en Castilla y León

El Consejo de Estado acaba de determinar que procede revisar, de oficio y por nulidad de pleno derecho, las resoluciones firmadas el 9 de diciembre de 1988 por el entonces consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Miguel Pérez Villar, con las que se subvencionó irregularmente con 135 millones de pesetas a una empresa. La firma Recursos Naturales, SA (Renasa), recibió de la Junta, gobernada entonces y ahora por el PP, tres subvenciones por ese importe total en concepto de ayudas a la minería, a pesar de no tener ninguna actividad minera en ese territorio. El Tribunal Supr...

El Consejo de Estado acaba de determinar que procede revisar, de oficio y por nulidad de pleno derecho, las resoluciones firmadas el 9 de diciembre de 1988 por el entonces consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Miguel Pérez Villar, con las que se subvencionó irregularmente con 135 millones de pesetas a una empresa. La firma Recursos Naturales, SA (Renasa), recibió de la Junta, gobernada entonces y ahora por el PP, tres subvenciones por ese importe total en concepto de ayudas a la minería, a pesar de no tener ninguna actividad minera en ese territorio. El Tribunal Supremo ya condenó e inhabilitó en 1995 al ex senador popular Pérez Víllar por un delito continuado de prevaricación.

El expediente sobre este caso, que costó el puesto al consejero Pérez Villar y a su director general de Economía, Javier Augusto, todavía colea tras múltiples demoras y recursos por los tribunales y los despachos de la Junta de Castilla y León. La Comisión Permanente del Consejo de Estado, a petición del presidente autonómico Juan José Lucas, se pronunció definitivamente el pasado 3 de abril -casi nueve anos después de otorgada la subvención- al concluir que sí procede revisar y anular aquellas decisiones de Miguel Pérez Villar. El actual presidente de Castilla y León, el popular Juan José Lucas, estima en su pro puesta de resolución que ha en viado recientemente al Consejo de Estado que no cabe reconsiderar aquella decisión "cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidiad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes".

Contra el argumento de Lucas

El Conséjo de Estado derrumba estos argumentos al recordar que, en principio, nadie tiene derecho a una subvención. El Consejo sostiene que apelar en este caso a la buena fe es "arriesgado" cuando ha queda do probado que Renasa, que concurría para efectuar tres es tudios, "dejó en blanco la casilla relativa a dominios mineros y que consta que tal empresa no tenía actividades mineras en el territorio de la Comunidad Autónoma, ni dominios, ni plantillas, ni explotaciones".

Miguel Pérez Villar, en sus alegaciones, niega la comisión de ningún delito y rechaza la re visión de aquellas subvenciones. El ex consejero del Gobierno autonómico que presidía entonces José María Aznar, asegura, sobre la base de que los trabajos finalmente sí se hicieron y se usaron, que si se le exigiese ahora a Renasa la devolución de las 135.788.000 pesetas "se produciría un notorio enriquecimiento injusto por parte de la Comunidad Autonóma, que debería reparar sencillamente devolviendo una vez más el importe de las ayudas".

La empresa Renasa alega en su defensa que el hecho de que Pérez Villar "haya sido condena do por un delito de prevarica ción no lleva consigo que las re soluciones por él dictadas sean constitutivas de delito". Renasa señala, además, que "el daño producido no fue grande".

Los informes jurídicos que aporta la Junta de Castilla y León constatan, en la misma línea que Pérez Villar y que la empresa afectada, que declarar nulas aquellas subvenciones "comportaría una obligación de reintegro del importe de las mismas por vía de responsabilidad patrimonial de la Administración".

En sus consideraciones, el Consejo de Estado no prejuzga que, pese a todo, la empresa Renasa "pueda tener derecho a exigir las indemnizaciones económicas que procedan si como parece desprenderse del expediente realizó los estudios subvencionados, los entregó oportunamente y fueron utilizados".

El Tribunal Supremo ya acreditó en 1995 que siete empresas y otros clientes abonaron un total de 12.286.272 pesetas por servicios de asesoramiento al despacho privado montado por Pérez Villar en León años antes de ser nombrado consejero. Ese despacho estaba regentado, en la época que se dieron las citadas subvenciones, por su esposa, María de los Rosarios Carballo.