El PP encarga a Costa que explique en el Congreso las acusaciones al PSOE de "amnistía fiscal"

El Congreso decidió ayer que sea el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y no un miembro del Gobierno, el vicepresidente Rodrigo Rato, quien justifique las acusaciones de anmistía fiscal por parte del PSOE. El PP logró el apoyo de CiU y PNV. IU se abstuvo. Los catalanes se desmarcaron, sin embargo, de la polémica asegurando que de momento no intervendrán. Felipe González entró en ella desde Roma: "Para demostrar quién manda se le ha enviado un mensaje a La Caixa y al BBV". El ministro, Rajoy le contestó desde Cádiz: "¿Cómo sabe que el BBV y La Caixa son beneficiarias?"

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El Congreso decidió ayer que sea el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y no un miembro del Gobierno, el vicepresidente Rodrigo Rato, quien justifique las acusaciones de anmistía fiscal por parte del PSOE. El PP logró el apoyo de CiU y PNV. IU se abstuvo. Los catalanes se desmarcaron, sin embargo, de la polémica asegurando que de momento no intervendrán. Felipe González entró en ella desde Roma: "Para demostrar quién manda se le ha enviado un mensaje a La Caixa y al BBV". El ministro, Rajoy le contestó desde Cádiz: "¿Cómo sabe que el BBV y La Caixa son beneficiarias?"

La sentencia, cuyo conocimiento elevó ayer el tono de los ataques entre Gobierno y oposición, se refiere a un recurso presentado en febrero de 1991 por Dolores Requena Sánchez, propietaria de una joyería en Córdoba, y se remonta a 1985 por el impago de un impuesto de lujo. La inspección se interrumpió 19 meses y Requena ganó el recurso, según la sentencia del Supremo, cuyo ponente ha sido Alfonso Gota Losada. La sentencia no se refiere al periodo que va antes de levantar el acta de liquidación, sino al de inspección antes del acta provisional y se remite al reglamento, que prohibe interrumpirlo seis meses., Por tanto, no crea jurisprudencia. Rato insistió en que los expedientes han prescrito.La Diputación Permanente del Congreso, reunida ayer, libró a Rato de comparecer y decidió que vaya Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, para explicar el escándalo de los 600 expedientes de fraude fiscal que, en su opinión, habrían prescrito por negligencia del anterior Gobierno, informa La decisión vino precedida de un duro enfrentamiento entre el portavoz del PSOE, Joaquín Almunia, y el del PP, Luis de Grandes. En la batalla, al menos ayer los socios nacionalistas del Gobierno, en especial CiU y, en menor medida, el PNV se han desmarcado. Francesc Homs aseguró que "no vamos a gastar armas y municiones en esta polémica". CiU escuchará las explicaciones y pedirá responsabilidades si las acusaciones se demuestran falsas. Para Joan Saura (IU) "el Gobierno no puede efectuar esta denuncia como lo ha hecho, como si estuviera en la oposición, en una rueda de prensa y sin un informe previo riguroso".

Almunia exigió al Gobierno que rectifique inmediatamente ya que "ha mentido" y ha lesionado 11 el honor y la dignidad de funcionarios y políticos a los que se les ha calumniado con acusaciones de prevaricación y se ha deteriorado la credibilidad de Hacienda". Añadió que el Gobierno "se ha bajado los pantalones al declarar prescritos unos expedientes sin que aún exista una segunda sentencia que lo corrobore.

Almunia incidió en el hecho de que si el PP acusa al anterior Gobierno de favorecer a sus amigos es porque conoce los expedientes y ello "es delito". "Querernos saber quién ha llevado la lista de Hacienda hasta la calle Génova [sede del PP]". "Si ustedes conocen de quiénes estamos hablando [los afectados por los expedientes] deben decirlo y veremos de quién son más amigos", concluyó.

De Grandes contestó con ironía que "ahora parece que ustedes nos amenazan y todo. con ir a los tribunales". Insistió en que "el comportamiento detectado tiene .toda la apariencia de favorecer a los amigos y no especialmente a los menos favorecidos". El coordinador del PP, Ángel Acebes, que lanzó la primera acusación de apoyar "a los amiguetes", se ratificó y dijo que no entendía por qué se escandalizaba: "Ustedes nos acusan todos los días de hacer regalos fiscales a nuestros amigos".

Secreto fiscal

Felipe González entró a saco desde Roma: "Si dicen que nosotros hemos defraudado, como decía Álvarez Cascos, no tienen más remedio que dar la lista (de los 600 inspeccionados). ¿Qué no la dan? Nosotros, estudiaremos una proposición de ley para que, por esta vez, el Gobierno esté autorizado a levantar él se creto fiscal", informa . PP y CiU son contrarios. En su opinión, "para demostrar quién manda, se le ha enviado- un mensaje a La Caixa y el BBV ¡Qué casualidad! Todo está metido y medido con una intención políticamente inaceptable, irresponsable, por lo tanto que den la lista, que se dejen de bromas".Desde Cádiz, Mariano Rajoy instó a González a que explique por qué, sabe que ambas entidades pueden ser dos de los beneficiados. El vicepresidente Álvarez Cascos, por la noche en Barcelona, afirmó que no pedirá a la Fiscalía General que investigue el caso, informa Carles Pastor. El BBV aseguró que no tiene ningún acta levantada por la inspección de Hacienda en este asunto.