Argentina se paraliza por la huelga general contra el ajuste económico

La segunda huelga general en siete años, convoca a por, la oficialista Confederación general del Trabajo (CGT) y secundada por las otras dos centrales contra la política económica del Gobierno de Carlos Menem, paralizó el país y causó la detención de al menos 40 trabajadores. La CGT estimó el índice de seguimiento del 90%. El ministro del Interior, Carlos Corach, advirtió que no se permitirían actos públicos. En Buenos Aires, al menos diez personas resultaron heridas en choques con la policía.

Las centrales sindicales más combativas -el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), y el ...

La segunda huelga general en siete años, convoca a por, la oficialista Confederación general del Trabajo (CGT) y secundada por las otras dos centrales contra la política económica del Gobierno de Carlos Menem, paralizó el país y causó la detención de al menos 40 trabajadores. La CGT estimó el índice de seguimiento del 90%. El ministro del Interior, Carlos Corach, advirtió que no se permitirían actos públicos. En Buenos Aires, al menos diez personas resultaron heridas en choques con la policía.

Las centrales sindicales más combativas -el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), y el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) -junto con sindicatos no alineados en la CGT se adhirieron al paro general pero convocaron por su cuenta movilizaciones y marchas.Los partidos opositores, los sindicatos y diversos legisladores criticaron la represión policial practicada en diversos puntos de Buenos Aires. Los agentes desalojaron por la fuerza a varios centenares de trabajadores que habían organizado ollas populares (comedores públicos) para servir a los manifestantes, instaladas en diversas calles. Al menos, 50 personas fueron detenidas, incluidos algunos dirigentes sindicales, informa Efe.

Una treintena de los detenidos fueron puestos en libertad horas después, entre ellos el dirigente sindical Juan Manuel Palacios. Al menos diez personas resultaron heridas en choques con las fuerzas del orden, que cargaron también contra las participantes en la manifestación de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. A última hora de la tarde, una bomba de fabricación casera estallaba sin consecuencias cerca del Palacio de Intendencia Municipal (Ayuntamiento) de la capital. "Con balas de goma y represión no van a acallar la protesta", declaró Gerardo Martínez, líder de la CGT, quien advirtió que habrá un - nuevo paro. si el Gobierno no cambia su política económica.

El apoyo de los trabajadores al paro afectó al 70% de la industria, según afirmaron portavoces de la Unión Industrial Argentina (UIA), la asociación empresarial más grande del país. Los servicios de transporte público quedaron paralizados en un 70%, según un informe de la Comisión Nacional del Transporte Auto motor (CONTA). El paro también tuvo un fuerte impacto en las escuelas, universidades y la administración estatal. Piquetes de huelguistas apedrearon y des trozaron los cristales de unos 190 autobuses de empresas que atienden la capital federal y sus alrededores.

Paro total en Córdoba

En Córdoba, la segunda ciudad del país, el paro fue total. Más de 5.000 policías y miembros de la gendarmería se movilizaron para prevenir incidentes. La huelga también fue completa en Rosario, la tercera más poblada, al igual que en las provincias de Salta y Jujuy, que se hallan entre las más afectadas por la crisis económica. También hubo gran respuesta en Mendoza.Los empleados públicos, médicos, enfermeros, maestros y trabajadores de distintas empresas gritaban su indignación contra el plan económico de orientación ultraliberal que impone el Gobierno y que ha provocado un índice de desempleo superior al 17%, considerado el más alto en toda la historia del país.

La oficialista CGT, controlada por dirigentes sindicales que administran fortunas, se vio obligada a declarar la jornada de "paro nacional" después de que el Gobierno decidiera por decreto eliminar las asignaciones familiares, lo que significa en la práctica una reducción de los salarios, y gravar con un nuevo impuesto por vales de comida que las empresas entregan a los trabajadores.

Las medidas de emergencia tomadas para disminuir en parte un déficit fiscal que sólo en el primer semestre superaba en más de 2.000 millones de dólares del pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desencadenaron el conflicto social latente. La CGT declaró el paro y la reacción de los dirigentes sindicales y políticos de la oposición llevó, a la dimisión del superministro de Economía, Domingo Cavallo.

El relevo de Cavallo por Roque Fernández, otro economista de la misma línea y del mismo equipo que ocupaba hasta hace dos semanas la presidencia del Banco Central, y la ratificación del modelo, basado en la Ley de Convertibilidad, que mantiene al dólar en paridad con el peso, aliviaron sólo en parte la tensión. El dirigente Gerardo Martínez, secretario general de la CGT, quien se considera un amigo del presidente Carlos Menem, reconoce que el reclamo de la jornada de huelga vino de abajo hacia arriba, y asegura ahora que "si no se corrige el rumbo económico habrá más paros".

Fernández discute estos días con los distintos sectores medidas necesarias para reducir el déficit. A la vez, se prepara para explicar a la misión técnica del FMI, que inicia su auditoría de control de las cuentas públicas argentinas el próximo 20 de agosto, por qué no se cumplieron los objetivos trazados por Cavallo. De las explicaciones que se den depende que el FMI conceda a la Argentina el perdón que ya fue solicitado.