Un juez español admite una denuncia por genocidio contra Pinochet
El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras admitió ayer a trámite, y se ha declarado competente para investigar, la denuncia que por delito de genocidio presentó la Unión Progresista de Fiscales contra el general Augusto Pinochet y el resto de los integrantes de su junta militar. El magistrado remitió ayer el caso ayer al fiscal para que informe sobre los escritos de querella que han sido presentados por familiares de los desaparecidos y para que se pronuncie sobre las pruebas que quiere que se practiquen.
La querella está dirigida contra Pinochet, José Toribio Merino Castro, ...
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El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras admitió ayer a trámite, y se ha declarado competente para investigar, la denuncia que por delito de genocidio presentó la Unión Progresista de Fiscales contra el general Augusto Pinochet y el resto de los integrantes de su junta militar. El magistrado remitió ayer el caso ayer al fiscal para que informe sobre los escritos de querella que han sido presentados por familiares de los desaparecidos y para que se pronuncie sobre las pruebas que quiere que se practiquen.
La querella está dirigida contra Pinochet, José Toribio Merino Castro, Gustavo Leigh Guzmán, Fernando Mattei Aubel y Rodolfo Stange Oelckers. A todos se les considera autores intelectuales de unas 3.000 desapariciones de personas en Chile. Entre ellos se encuentran seis ciudadanos españoles, incluidos el sacerdote valenciano Antoni Llidó, desaparecido en 1974 tras ser detenido y torturado por funcionarios de la DINA; Carmelo Soria, nieto del urbanista Arturo Soria, y el sacerdote catalán Joan Alsina.
La denuncia pretende que se persiga a Pinochet por genocidio y terrorismo fuera de su' país, debido a que los tribunales chilenos han bloqueado la persecución de los autores de los crímenes. Se pretende que el caso concluya con una orden internacional de detención -en España no existe la posibilidad de condenar a alguien en rebeldía o en ausencia- contra Pinochet y su junta lo mismo que se hizo en Francia o Suecia contra el capitán de navío argentino Alfredo Astiz. Mientras Astiz siga en Argentina no tiene problema, pero no puede abandonar el país, ya que sería detenido.