Cooperación, crisis y recortes

El Partido Popular a través del nuevo secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, nos comunicó que "no resultaba posible iniciar ahora con las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) un proceso de negociación para discutir en profundidad el proyecto de nuevas Bases generales", documento donde se recogen los requisitos que han de cumplir las ONGD para la cofinanciación de los programas que llevan a cabo en países en desarrollo. Al mismo tiempo anuncia la intención de reducir, a medio plazo, el número de ONGD a 10 ó 12 y un...

El Partido Popular a través del nuevo secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, nos comunicó que "no resultaba posible iniciar ahora con las ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo) un proceso de negociación para discutir en profundidad el proyecto de nuevas Bases generales", documento donde se recogen los requisitos que han de cumplir las ONGD para la cofinanciación de los programas que llevan a cabo en países en desarrollo. Al mismo tiempo anuncia la intención de reducir, a medio plazo, el número de ONGD a 10 ó 12 y un recorte de entre un 5% y un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo española. Pero, sin embargo, el señor Villalonga calla los problemas de fondo y estructurales que aquejan a la cooperación en nuestro país. Y es por ahí, por donde debería haber empezado.Esta noticia es una mala noticia y trae malos augurios para los ciudadanos que desde el espacio no gubernamental son capaces de movilizarse y organizarse para la defensa de un modelo de desarrollo sostenible, endógeno, equilibrado y global.

Desde las ONGD no podemos ocultar nuestra decepción y preocupación. Estábamos convencidos de que el comienzo de una nueva legislatura es el momento propicio para realizar un balance y una evaluación crítica, como paso previo para formular las propuestas de futuro que puedan surgir de esa reflexión.

Y así lo hemos hecho, pero podemos adelantar ya, que nuestro balance puede resumirse en la palabra crisis, un término, sin embargo, al que conferimos una doble connotación, la de peligro pero, también, la de oportunidad.

Desde la óptica de las instancias de coordinación de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, cinco son los presupuestos básicos que guían nuestro análisis. En primer lugar, la consideración de la cooperación internacional como un mero instrumento, no como un objetivo en sí, habida cuenta de que lo sustantivo es para qué se coopera. A nuestro parecer, y en segundo lugar, el objetivo básico es el desarrollo, entendido de forma plural y dinámica, decidido y . gestionado por sus protagonistas y encaminado de forma prioritaria a la satisfacción de las necesidades básicas y a la erradicación de la pobreza. En tercer lugar, la certeza de que si bien los problemas de la cooperación al desarrollo, a nivel internacional y español, son imputables a todos los actores implicados en ella (gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales), la responsabilidad principal recae en ambos casos en los actores gubernamentales, por razones cuantitativas y cualitativas. Conviene recordar al respecto que en los últimos 50 años el flujo de ayuda oficial mundial vehiculado a través de las ONGD suele moverse en torno a porcentajes que rara vez superan el 5%. En cuarto lugar, la consideración de que la cooperación oficial española está aquejada de serios problemas estructurales. En último lugar, la convicción de que también nuestro propio sector, el de las ONGD), está necesitado de un proceso de clarificación y mejora importante.

El peligro tiene que ver, al menos, con tres cuestiones. Por un lado con el contexto recesivo de la AOD, al que España se ha su mado en 1995 con uno de los índices más bajos y más comercializados de los países donantes (un 0,24%, frente al ya estancado 0,28% de 1994), que obstaculiza seriamente el objetivo del Pacto de Solidaridad (alcanzar el 0,7% durante la legislatura). Por otro, con las incógnitas sin despejar: los planes reales de la nueva Administración, que ha anunciado que la cooperación debe subordinarse a los objetivos de convergencia europea; la creación o no de un marco legislativo y normativo; la mejora de la estructura y funciones del Consejo de Cooperación o el papel del sector empresarial, entre otros, habida cuenta de que para la opinión pública cooperacion es, para lo bueno y para lo malo, sinónimo de ONGD.

Pero las crisis son también una ocasión para revalorizar todo aquello que permite superar los problemas estructurales a que antes aludíamos. Y ahí está el gran apoyo con que cuenta el objetivo del 0,7%, el incremento de las partidas destinadas a los agentes más susceptibles de poner el énfasis en el objetivo del desarrollo social y humano (cooperación descentralizada, aportaciones públicas a las ONGD y Agencia Española de Cooperación Internacional); la experiencia y la voluntad de colaboración de personas y organizaciones que conocen de primera mano, con detalle y desde hace muchos años el mundo de la cooperación al desarrollo (pertenecientes a las propias ONGD, al mundo académico y universitario y a instancias técnicas de la Administración); y, por último, la existencia de buenos diagnósticos y de numerosas propuestas de futuro para enderezar el rumbo.

Y todo esto no lo decimos sólo nosotros, sino que se desprende de textos como el informe de la Comisión de Exteriores del Senado, del informe aprobado por el Congreso de Diputados sobre objetivos y líneas generales de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo o de los análisis y recomendaciones del primer examen de la AOD española realizado en 1994 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

En contra de lo que Villalonga opina, el principal y más urgente problema de la cooperación española no es el alto número de ONGD "ese maremágnum de cifras", como él dice, o la necesidad de modificar las bases de las convocatorias de la SECIPI, sino la falta de una ley de cooperación y el desarrollo normativo que ésta conllevaría (estatuto del cooperante, régimen regulador de los créditos FAD o similares, tratamiento tributario del mecenazgo a instituciones de cooperación, registro y regulación de las ONGD ... ). El segundo, la escasa e ineficiente coordinación institucional. Buena prueba de ello es que las acciones en cooperación internacional han llegado a depender de 14 ministerios. Existen también otros problemas de gran envergadura disfunciones derivadas de la hipertrofia de Comercio frente a Exteriores en la gestión real de los fondos, escasa planificación a medio y largo plazo, excesiva dispersión sectorial y geográfica, entre otros. La solución pasa porque el Legislativo y Ejecutivo opten por la nacionalización y simplificación, tarea a la que estamos dispuestos a contribuir, a sabiendas de que la decisión final no es de nuestra competencia directa.

Somos conscientes de que también existen problemas importantes en el sector de las ONGD, que gestionan más de 40.000 millones de pesetas de origen privado y público: riesgo de atomización y fragmentación excesiva, prevención de posibles corporativismos, necesidad de mejorar la capacidad de gestión, elaboración de un código ético y de conducta que permita al propio sector intervenir en el caso de eventuales comportamientos censurables, entre otros.

Que la crisis se decante hacia el lado de los peligros o de las oportunidades depende de numerosos factores. Hay uno, empero que es prerrequisito básico para la búsqueda de soluciones positivas: respetar las formas y los procedimientos, el principio del diálogo, así como las responsabilidades de cada parte. Estamos dispuestos al diálogo, por tanto a escuchar las propuestas de la Administración relativas a las ONGD pero, eso sí, tras conocer en primer lugar las propuestas de la Administración sobre los problemas de fondo y estructurales de la cooperación al desarrollo española. Siempre es bueno y clarificador empezar por el principio, señor Villalonga.