El Constitucional niega al Estado competencia para exigir que las nuevas universidades cuenten con estudios técnicos
El Tribunal Constitucional, por 10 votos a dos, ha declarado que el Estado no tiene competencia para exigir a las universidades que cuenten con algún centro de ciencias experimentales o estudios técnicos. Dada la importante inversión que requieren tales enseñanzas, éste fue el punto más debatido de la sentencia del alto tribunal, que resuelve un conflicto planteado por la Generalitat de Cataluña contra los requisitos estatales para la creación o reconocimiento de universidades públicas o privadas.El conflicto de la Generalitat catalana impugnaba, entre otros preceptos del decreto del Ministeri...
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El Tribunal Constitucional, por 10 votos a dos, ha declarado que el Estado no tiene competencia para exigir a las universidades que cuenten con algún centro de ciencias experimentales o estudios técnicos. Dada la importante inversión que requieren tales enseñanzas, éste fue el punto más debatido de la sentencia del alto tribunal, que resuelve un conflicto planteado por la Generalitat de Cataluña contra los requisitos estatales para la creación o reconocimiento de universidades públicas o privadas.El conflicto de la Generalitat catalana impugnaba, entre otros preceptos del decreto del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de abril de 1991, el que establece, como "requisitos comunes para la creación o reconocimiento de universidades", que tres de las enseñanzas que impartan sean "'de segundo ciclo y, al menos, una de éstas, de ciencias experimentales o estudios técnicos"'
La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente Carles Viver, reconoce al Estado la competencia para exigir, entre otros requisitos, el segundo ciclo en tres de las enseñanzas universitarias. En cambio, le niega competencia para imponer que, al menos, uno de esos ciclos corresponda a ciencias experimentales o estudios técnicos. Lo razona así: "La decisión sobre el tipo concreto de enseñanzas o titulaciones que deben impartirse está en función de las específicas necesidades sociales y demás circunstancias particulares que concurren en cada momento y lugar y, por ello, en el ámbito territorial de las comunidades autónomas con competencia plena en la materia, les corresponde a ellas valorarlas en cada caso".
Los magistrados Julio Diego González Campos y Manuel Jiménez de Parga discrepan en este punto de la mayoría y consideran que tal exigencia es básica para la planificación general educativa del Estado, habida cuenta la desproporción existente entre las enseñanzas humanísticas y sociales, más baratas, y las científicas, más caras, y teniendo en cuenta "los vínculos que unen la investigación científica experimental y la tecnológica con el desarrollo socio-económico de un país".
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