Tribuna:

Ladrón que roba a ladrón

17 jun 1996 - 00:00CEST

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José María Aznar prometió durante la campaña electoral que su gobierno cortaría toda colaboración con la dictadura cubana y, apenas asumido el poder, ha cumplido su palabra. España mantendrá el apoyo humanitario a la población de la isla, a través de las ONG, pero pondrá fin al apoyo económico, diplomático y político que venía prestando a una de las últimas tiranías totalitarias del planeta.Esta saludable medida introduce la coherencia y la decencia donde reinaban hasta ahora la duplicidad y la confusión. La política hacia Cuba será siempre un baldón en la historia del gobierno socialista de Felipe González, que, en casi todos los otros aspectos de su conducta internacional, mostró una sensatez y una vocación democrática que han sido provechosas para la imagen y los intereses de España en la escena internacional. El ingreso a la OTAN, la resuelta integración en Europa, la solidaridad militante con las democracias de Occidente en todas las crisis de los últimos años -como la guerra del Golfo, el conflicto palestino-israelí o Bosnia- han ganado a España una presencia en los asuntos mundiales y un respeto que no tuvo antes y mucho menos, por supuesto, durante la dictadura de Franco.

¿Cómo se explica que el mismo país que aparecía ante el mundo como un modelo de transición pacífica de la dictadura a la democracia, y de veloz aclimatación de sus instituciones, partidos políticos y ciudadanos a la cultura de la libertad, practicara, en lo que concierne a Cuba, por obra de un gobierno socialista buen número de cuyos dirigentes habían padecido en carne propia las persecuciones, prisiones o censuras que conlleva un régimen dictatorial, una política tan abiertamente contradictoria? Esta política consistió en defender la democracia para España y el resto del mundo, con excepción de Cuba. En privilegiar al gobierno de Fidel Castro con una continua corriente de créditos, ayudas, préstamos e inversiones destinada a apuntalar su desfalleciente economía, y, de otra, en bloquear en todos los organismos internacionales o ante gobiernos amigos cualquier iniciativa eficaz contra la dictadura cubana o en defensa de sus víctimas. Este celestinazgo iba acompañado siempre, claro está, de fariseas declaraciones de los dignatarios del gobierno "a favor de la democratización de Cuba" y, a veces, de la exhibición triunfal de los puñaditos de presos políticos con que Fidel Castro suele gratificar a sus más diligentes servidores.

La explicación de esta esquizofrenia es todavía peor que el contubernio de un gobierno democrático con una tiranía sin máscaras. El apoyo a Fidel Castro servía para mantener la ficción retórica de "socialista" a un gobierno que -por fortuna para España, por lo demás- había echado por la borda todos los principios básicos del socialismo y optado, en vez de una economía centralizada y de Estado, por una economía abierta, por políticas de mercado y de apoyo a la empresa privada, y, en una palabra, por el capitalismo en su versión social demócrata, es decir mercantilista y antiliberal, pero capitalismo a fin de cuentas. A quienes le reprochaban su aburguesamiento o traición ideológica, el gobierno 'socialista' podía mostrar su coartada: ¿tenía acaso la Revolución Cubana un amigo más solidario y fraterno? Así, la suerte de diez millones de cubanos esclavizados y hambreados desde hace 37 años era alegremente utilizada para que, bailando esa inconsecuente mojiganga con el compañero Fidel, el gobierno del PSOE camufLara su nueva identidad y aplacara a sus sectores radicales con una buena conciencia progresista, socialista y, por qué no, incluso revolucionaria.

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La nueva política hacia Cuba anunciada por el gobierno de José María Aznar desagravia al pueblo cubano de esa cínica manipulación y hace llegar un mensaje de esperanza y de aliento a quienes, detrás de las alambradas o en las mazmorras del Gulag tropical, o mordiendo en silencio su protesta y su miedo ante el terror represivo -la inmensa mayoría de los cubanos-, resisten, esperan su liberación y se sintieron todos estos años apuñalados por la espalda desde Madrid.

Esta nueva política tiene, como es sabido, un límite: la llamada 'ley Helms-Burton', que el gobierno español desaprueba y rechaza, al igual que sus aliados de la Unión Europea, Canadá y los países latinoamericanos, que acaban de aprobar una resolución en este sentido en la reciente reunión de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Panamá, con la sola abstención de la República Dominicana. Pese a tamaña oposición, y a que la administración Clinton la aprobó a regañadientes y sólo porque Castro derribó las dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, no es fácil que el Congreso revoque la controvertida ley luego de la campaña electoral estadounidense en curso.

Si ella llega a aplicarse, ella puede asestar un golpe acaso mortal a la dictadura castrista y obligarla a abrir negociaciones con miras a una genuina democratización de la isla. Quienes alegan que las presiones económicas son inefectivas y sólo servirán para endurecer el régimen (¿todavía más?), olvidan que en dos casos muy recientes -los de África del Sur y de Haití- aquéllas fueron determinantes en el ablandamiento de los dos regímenes, obligándolos a ceder posiciones y, finalmente, autoinmolarse. En el caso de Cuba, esta política no ha funcionado por una razón muy sencilla: porque nunca se aplicó. El cacareado embargo norteamericano contra la isla no ha tenido el menor efecto, porque sólo lo realizaba Estados Unidos y lo saboteaba alegremente todo el resto de los países del mundo, subsidiando a Cuba como lo hacía la Unión Soviética o vendiéndole todo lo que podía pagar, como Canadá, España y México entre otros.

La 'ley Helms-Burton' pretende, en su superficie, poner fin a la moral de Iadrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón", penalizando a las empresas extranjeras que se lucran con los bienes o propiedades de ciudadanos norteamericanos expropiados por la Revolución. Aquéllas podrán ser enjuiciadas ante tribunales de Estados Unidos por dichos tráficos y sus directivos y familiares verse privados de visados a ese país. Pero, en verdad, su objetivo es impedir que el régimen castrista sea salvado in extremis por el capitalismo, así como está siendo salvado y tonificado por este sistema (con el entusiasta apoyo de Estados Unidos, por lo demás) la dictadura comunista de China Popular. Por eso, quienes acusan al go

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bierno norteamericano de hipocresía y duplicidad en este asunto, tienen mucha razón. Pero de ello yo no concluyo, como estos objetores, que el capitalismo debe ayudar a sobrevivir a Fidel Castro, sino que un equivalente de la 'ley Helms-Burton' debería ser impuesta también a China y a todas las dictaduras o semidictaduras del mundo, sin una sola excepción.

El capitalismo es el sistema más eficiente para la creación de la riqueza y el gran instrumento de modernización de un país, y por eso los liberales lo defendemos sin el menor rubor. Eso sí, nos apresuramos a precisar que el capitalismo es un sistema amoral y que por ello un régimen de empresa privada y economía de mercado no basta por sí sólo para impulsar el verdadero progreso, que es inseparable de la legalidad y de la libertad, es decir, de una eficiente democracia política, de gobiernos representativos que obliguen a las empresas a actuar dentro de la ley, compitiendo entre sí por los favores del consumidor.

En los países donde ello ocurre, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia o Suiza, el capitalismo beneficia a las empresas más eficientes, cuyos éxitos revierten sobre el conjunto de toda la sociedad, creando empleo, abriendo oportunidades y elevando los niveles de vida. En los países donde las democracias son defectuosas o una mera farsa, impera esa forma bastarda del capitalismo que es el mercantilismo, un sistema que premia no a las empresas que producen los mejores servicios o bienes, sino a las que tienen más influencia o, mayor capacidad de corrupción con los gobiernos, cuyas prebendas o concesiones monopólicas otorgadas arbitrariamente son las que deciden el fracaso o el éxito de los negocios. El capitalismo se adapta maravillosamente a estas reglas de juego fijadas por el poder político, y así ocurre que un banco o industria que, en Estados Unidos, actúa rigurosamente dentro de la ley, cuando opera en México paga mordidas y no vacila en -por ejemplo- contribuir generosamente a incrementar la fabulosa fortuna de la conocida familia Salinas de Gortari (que, hasta las últimas noticias, sacó fraudulentamente del país, durante la presidencia del hermano Carlos, más de trescientos millones de dólares). Esa misma empresa, en Cuba (o Birmania, China, Vietnam y congéneres), no tiene el menor empacho en sacar provecho de las ventajas comparativas que el lugar ofrece: trabajo esclavo, mano de obra infantil, prohibición de sindicatos, salarios de hambre a los trabajadores y jugosas primas y comisiones a la burocracia estatal.

Los gobiernos democráticos que, como Canadá o Inglaterra (no incluyo entre ellos, desde luego, a la putrefacción priísta) combaten a la 'ley Helms-Burton', alegan que las inversiones extranjeras terminarán por ablandar a la dictadura cubana, mostrándole, de una manera práctica, las ventajas de la empresa privada en la creación de la riqueza y, de rebote, la superioridad de la democracia, la que, poco a poco, iría seduciendo al Jefe Máximo. No pongo en duda que haya en esos gobiernos algunos cacasenos angelicales que se crean semejante fantasía, aunque no haya un solo caso concreto que la respalde. Ella está contradicha por todos los ejemplos de transición a un régimen libre de las peores dictaduras contemporáneas. Ni la Unión Soviética, ni las llamadas 'democracias populares', ni Filipinas, ni África del Sur, ni el Chile de Pinochet, ni Haití, ni una sola de las dictaduras militares latinoamericanas, se desplomaron según semejante esquema. Y, en todas ellas, las crisis económicas internas o externamente provocadas fueron un factor decisivo en su desintegración. Por el contrario, las inversiones capitalistas han robustecido extraordinariamente a China Popular o, en el polo opuesto ideológico, a países como Indonesia o Birmania que, amparados en la cota de malla de sus éxitos económicos, subyugan ahora a sus pueblos privándolos de todos los derechos humanos básicos sin que la comunidad internacional mueva un dedo para impedirlo. Esa será también la condición del martirizado pueblo cubano si prevalece la tesis de quienes creen que la primera lealtad de los gobiernos democráticos es con las empresas que van a hacer negocios al extranjero -como sea y donde sea- y no con los millones de seres humanos que, allá, pagan en sangre, sudor y lágrimas -¿por cuántos años más?- ese pragmatismo cínico.

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