La reforma del Estado divide a Bolivia

La reforma del Estado y privatizaciones emprendidas en Bolivia se acompañan de denuncias de corrupción o favoritismo, movilizaciones callejeras, detenciones y un crispado debate político. El Gobierno advierte que sin los cambios el país nunca saldrá del atraso. Entretanto, una vanguardia, trotskista alborotó las aulas, el cuerpo de generales y almirantes en retiro rechaza la concesión ferroviaria a empresas de Chile, que arrebató a Bolivia su acceso al mar en la guerra de 1879, y el nuncio lamentaba recientemente el preocupante cariz de las protestas."No reconozco a la Bolivia a la que yo entr...

La reforma del Estado y privatizaciones emprendidas en Bolivia se acompañan de denuncias de corrupción o favoritismo, movilizaciones callejeras, detenciones y un crispado debate político. El Gobierno advierte que sin los cambios el país nunca saldrá del atraso. Entretanto, una vanguardia, trotskista alborotó las aulas, el cuerpo de generales y almirantes en retiro rechaza la concesión ferroviaria a empresas de Chile, que arrebató a Bolivia su acceso al mar en la guerra de 1879, y el nuncio lamentaba recientemente el preocupante cariz de las protestas."No reconozco a la Bolivia a la que yo entré hace seis, años. Entonces tenía sus dificultades, pero el ambiente era de tranquilidad social, movido temporalmente por las manifestaciones y peleas con el Gobierno", dijo el nuncio Giovanni Tonucci cuando la violencia se adueñaba del debate. La descentralización administrativa encargada de ceder a los municipios la gestión de los recursos de salud y educación, y la entrada de capital privado en los monopolios del Estado, fundamentalmente en Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPB), desencadenaron una andanada de reacciones. Después de acaloradas discusiones, fue aprobada el pasado martes la Ley de Hidrocarburos, que regula ese ingreso de capital y posibilitará la construcción de un gasoducto con Brasil.

Las medidas en curso fueron promovidas como imprescindibles por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en la investidura de 1993, pero son contestadas como inconstitucionales por la Central Obrera Boliviana (COB), la oposición política o quienes se suman al rechazo porque se siente amenazados o simplemente protestan por sus salarios de hambre.

El ex presidente Jaime Paz Zamora, probable aspirante al cargo por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en las elecciones de 1997, fue más duro: la capitalización es un gran negocio de 2.500 millones de dólares controlado por un grupo de empresarios ligados al entorno del presidente. "Que no nos quieran meter el dedo en la boca", dijo.

Como era de esperar en un proceso de estas características, el ambicioso programa sufre fuego cruzado. Según varios medios de prensa locales, un grupo de favoritos tomó el control de los contratos y recursos generados por la operación privatizadora. Las denuncias no son nuevas, pero ahora se recogen declaraciones de un alto funcionario que implícitamente admitió la vinculación del grupo a cuatro de las empresas privadas más grandes de Bolivia, entre ellas la Comsur del presidente Sánchez de Lozada. Según la derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), la capitalización se mueve entre sospechosas tinieblas.

La situación de Bolivia, mientras tanto, es lamentable: la mortalidad infantil diezma, el salario mínimo mensual es de 4.500 pesetas, y una buena parte de sus siete millones de habitantes, más de tres millones en el campo, ingresa menos de 20.000 pesetas. Y pese a que el paro, oficialmente, afecta únicamente al 5,4% de la población activa, el 60% de la urbana sobrevive en la economía sumergida.

Sánchez de Lozada sostiene que la participación extranjera en YPB "es la única oportunidad para derrotar la hiperpobreza": no hay otra alternativa que la apertura.

Con él cierran filas el empresariado y la banca, que descalifican el estatismo en vigor durante cuatro décadas por ineficaz y corrupto, La mayoría de la población boliviana parece fatalista, resignada o apenas esperanzada en las posibilidades de redención del trascendental cambio.

Las medidas liberalizadoras comenzaron en 1985 durante el Gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionarío (MNR), partido del actual gobernante.

Ahora continúan con pocos panes y muchas bocas. El PIB, que equivale a 6.200 millones de dólares, creció un 3,7% en 1995, y este incremento, por insuficiente, ha impedido el medio millón de nuevos puestos de trabajos prometidos en campaña.

No se observan avances de envergadura en la lucha contra la pobreza, y la calle, que no entiende de macroeconomía, se indigna. "Aquí hay mucho ladrón", piensa Raimundo", 36 años, fontanero a destajo por la mañana, militante por la tarde en el grupo populista Conciencia de Patria y activista a todas horas contra la oligarquía local. "No tiene solidaridad; es egoísta al extremo. La burguesía hace méritos. Y además, el presidente, como se ha pasado toda su vida en Estados Unidos y usted ve que habla mal el idioma español, pues va a favorecer a las empresas americanas".

Muchos de los compatriotas del presidente temen el despido cuando los nuevos accionistas reduzcan plantillas, y otros denuncian a voleo la entrega de la soberanía o patrimonio nacionales a la voracidad extranjera. "¡Traición a la patria!", se alzó un militar, luego arrestado. Algunos aspectos de la reforma educativa, que incorpora su desarrollo en español y las lenguas nativas, tampoco gustan a los maestros y profesores universitarios, intransigentes en su defensa de la ensenanza pública.

El enfrentamiento jalona la transición, y la jefatura militar llamó a la cordura cuando los enfrentamientos amenazaban pasar a mayores. "Considero que es hora de reflexionar, y creo que todos los sectores debemos bajar las tensiones en beneficio de la patria", pidió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Reynaldo Quiroga. Entonces, el presidente recomendó a los institutos armados abstenerse de entrar en política y limitarse a las funciones encomendadas en la Constitución.

"Lo que sucede es que tenemos unas exigencias, un programa, y después se ve lo que necesita la gente", advirtió, por su parte, el diplomático del Vaticano en referencia a la decisión del jefe de Gobierno de ejecutar hasta sus últimas consecuencias su programa. Sánchez de Lozada no oculta, sin embargo, los fallos de su Administración en la explicación pública de la inevitabilidad reformista. De hecho, el ministro de Comunicación Social dimitió hace tres semanas. El gobernante boliviano reclama a quienes se oponen a la reforma del Estado, entre ellos numerosos mandos castrenses, la firma de un documento que les comprometa ante la historia. "Que enfrenten sus responsabilidades. A mí también podrán iniciarme juicio".