Editorial:

Carga insoportable

COLOMBIA VIVIÓ ayer una jornada sangrienta en lo que parece tan sólo un prolegómeno para más graves acontecimientos. Al menos 27 muertos, decenas de heridos y una situación de insurrección y terror son el resultado de la. primera jornada de lucha convocada por la Coordinadora General Guerrillera para exigir el cese del presidente Samper.Las acusaciones contra el presidente de connivencia con el narcotráfico han dejado hace ya mucho de ser la amenaza sobre el futuro de un prometedor político para convertirse en un conflicto nacional de imprevisibles consecuencias. Colombia es un país inmerso co...

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COLOMBIA VIVIÓ ayer una jornada sangrienta en lo que parece tan sólo un prolegómeno para más graves acontecimientos. Al menos 27 muertos, decenas de heridos y una situación de insurrección y terror son el resultado de la. primera jornada de lucha convocada por la Coordinadora General Guerrillera para exigir el cese del presidente Samper.Las acusaciones contra el presidente de connivencia con el narcotráfico han dejado hace ya mucho de ser la amenaza sobre el futuro de un prometedor político para convertirse en un conflicto nacional de imprevisibles consecuencias. Colombia es un país inmerso como ninguno de Latinoamérica en la terrible lógica económica que el narcotráfico genera por esa simbiosis de pobreza, prohibicionismo, proximidad geográfica al mayor consumidor de cocaína de la Tierra, que es Estados Unidos, y explosión del negocio.

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Sus niveles de violencia cotidiana no tienen parangón en el subcontinente. Decenas de miles de muertos al año, el secuestro y la extorsión convertidos en hábito y unas instituciones atravesadas por la corrupción del narcodólar revelan hasta qué punto la sociedad colombiana está cautiva de este terrible fenómeno.

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La responsabilidad de este estado de cosas no es exclusiva de Colombia ni sus líderes. La hipocresía de Washington en su trato a los países productores de cocaína sería hilarante de no ser trágica. Incapaz de controlar, regular o reprimir el mercado de la cocaína en su propia sociedad, recurre a medidas de castigo como las impuestas a Bogotá, que sólo aumentan el poder de quienes trafican con ella.

Sin embargo, hay que constatar que Samper es hoy ya una carga demasiado pesada para su país y que el único gesto de patriotismo que le resta es presentar la dimisión, habilitar una salida política consensuada y luchar por su nombre ante los tribunales. En todo caso, su deslegitimación pública le impide ya ejercer. No es que las guerrillas (las FARC y el ELN) o el narcotráfico vayan a respetar a otro presidente; la cuestión radica en que la sociedad colombiana, inerme y descompuesta, difícilmente puede recuperar la esperanza mientras no se resuelva este litigio.

Samper dedicó más de la mitad de su discurso de investidura al proyecto de pacificación y reconciliación en Colombia. Él mismo ha terminado convertido en un obstáculo para tan nobles propósitos. Su propio juramento de trabajar incondicionalmente a favor del bien de su patria le obliga a dimitir para dejar paso a alguien que, libre de sospecha, pueda luchar contra la lacra del narcotráfico y en defensa de los intereses colombianos frente a políticas tan injustas como la de Washington hacia Bogotá que utilizan a este presidente como pretexto. Seguramente hay más de una acusación injusta contra Samper, pero su encastillamiento en la presidencia es hoy un riesgo para el país.

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