Presidentes en el banquillo

Las acusaciones contra el presidente de Colombia, Ernesto Samper, según las cuales habría financiado su campana electoral con dinero del narcotráfico, han puesto sobre el tapete el tema de la corrupción en América Latina.Antes del caso Samper, ya hubo otros tres jefes de Estado latinoamericanos acusados de corrupción y enriquecimiento personal que tuvieron que renunciar a sus altos cargos: el brasileño Fernando Collor de Mello y el peruano Alan García, ambos en 1992, y el venezolano Carlos Andrés Pérez en 1993. A esta lista hay que añadir al vicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik, que...

Las acusaciones contra el presidente de Colombia, Ernesto Samper, según las cuales habría financiado su campana electoral con dinero del narcotráfico, han puesto sobre el tapete el tema de la corrupción en América Latina.Antes del caso Samper, ya hubo otros tres jefes de Estado latinoamericanos acusados de corrupción y enriquecimiento personal que tuvieron que renunciar a sus altos cargos: el brasileño Fernando Collor de Mello y el peruano Alan García, ambos en 1992, y el venezolano Carlos Andrés Pérez en 1993. A esta lista hay que añadir al vicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik, que huyó de su país después de serle incoado un procedimiento penal, y el hermano, en prisión, del ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Del paradero de este último nada se sabe desde hace un año.

La acción judicial contra la corrupción fue posible gracias a la instauración de dispositivos legales que dieron mayor poder e independencia a la justicia.

Fernando Collor de Mello, de 46 años, fue presidente de Brasil de 1990 a diciembre de 1992, fecha en que fue destituido en relación con un caso de corrupción en el que el tesorero de su campaña electoral, Paulo César Farias, fue condenado. Actualmente vive en Florida y trabaja de consejero de importación-exportación de empresas relacionadas con el comercio de su país.

Carlos Andrés Pérez (presidente de 1974 a 1979 y por segunda vez de 1989 a 1993) es acusado de haber desviado 17,2 millones de dólares (2.133 millones de pesetas) de los fondos reservados. Fue destituido por el Congreso en 1993, y en consideración a su edad se le autorizó a dejar la prisión y esperar bajo arresto domiciliario la decisión de la justicia.

Alan García, presidente de 1985 a 1990, está acusado por la justicia peruana de enriquecimiento ilícito y corrupción. Vive como refugiado político en Colombia para evitar responder de los cargos, y también en París.