Política de I+ D: evaluación pendiente

La acción pública en apoyo de la investigación y el desarrollo tecnológico recibió a mediados de los años ochenta un impulso decisivo: mayores recursos estatales, reformas en la legislacion e innovaciones organizativas. La política, de I + D promovida por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) ha sido muy innovadora en un aspecto: la evaluación de la investigación. Se ha generalizado la evaluación de la calidad de los proyectos de I + D como parte de un sistema de financiación basado en la competencia gracias a la acción de la Agencia Nacional de Evaluación y Prosp...

La acción pública en apoyo de la investigación y el desarrollo tecnológico recibió a mediados de los años ochenta un impulso decisivo: mayores recursos estatales, reformas en la legislacion e innovaciones organizativas. La política, de I + D promovida por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) ha sido muy innovadora en un aspecto: la evaluación de la investigación. Se ha generalizado la evaluación de la calidad de los proyectos de I + D como parte de un sistema de financiación basado en la competencia gracias a la acción de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Además, la labor de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) ha reforzado el sistema de evaluación de la investigación a través del examen del rendimiento individual y de las carreras investigadoras.Al igual que en el resto de las políticas públicas, la gestión de la política y de los programas de I + D no se ha caracterizado por la preocupación por la eficiencia o la eficacia de la intervención; su atención era el control de legalidad. Sólo recientemente, la evaluación de las políticas se ha convertido en un asunto, que ha comenzado a abrirse hueco en la agenda de la Administración pública. En este contexto, caracterizado por la generalización de la evaluación de la investigación, se evidencia la asignatura pendiente de la política científica y tecnológica: la evaluación de la política misma, de los ocho años de Plan Nacional de I + D. La Ley de la Ciencia asigna la competencia de la evaluación de los resultados del plan a la CICYT, que publica un documento de seguimiento anual; pero evaluación no debe ser confundida con seguimiento. Evaluar la política de I + D significa desarrollar una investigación participativa que pueda dar respuesta a algunas preguntas que afectan al ciclo completo de la política pública. ¿Era lo que había que hacer? ¿Estaba bien diseñada la política? ¿Ha estado bién aplicada? ¿Cuáles son los resultados? ¿Es todavía la acción apropiada? ¿Los cambios ocurridos en el sistema de I + D son el efecto de la política? ¿Es aún, razonable seguir con estos instrumentos, diseño e incluso objetivos?

Hoy no basta con determinar si los fondos se entregaron a quienes presentaron un proyecto de calidad adecuada, se trata de saber determinar si la acción pública alcanzó sus objetivos o si lo hizo eficientemnente, y de averiguar qué efectos ha generado en la producción, difusión y transformación de conocimientos y competencias.

Evaluar la política de I + D, además, puede servir como instrumento para afrontar la estrechez presupuestaria indiscriminada. Desde 1990 se observa una pérdida de relevancia de la I + D en el conjunto del gasto público, que ha pasado de representar el 1,09% del total de gastos de la Administración del Estado y de la Seguridad Social en 1990 a un 0,78% en 1993; además, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la I + D ha descendido en torno al 30%, en términos reales, en los últimos, cinco años. Evaluar es urgente para hacer un balance de estos años de política de I + D, consolidar los aciertos (muchos) e iniciar posibles rectificaciones, que pueden ir desde pequeñas correcciones en la gestión o en los instrumentos hasta la modificación de los objetivos científico-tecnológicos de los programas o del diseño de éstos. Introducir más racionalidad en la toma de. decisiones y en la gestión de la política científica y tecnológica es importante, pero desarrollar una evaluación sistemática de la misma supone, además, aumentar la transparencia de la acción pública y, por tanto, reforzar su legitimidad.