Sólo una de cada cinco familias españolas pobres recibe el salario social, según Cáritas

Sólo una de cada cinco familias necesitadas españolas recibe salario social, según los datos de Cáritas, que presentó ayer el primer estudio global que se ha hecho en España sobre estas rentas mínimas, que dependen de las comunidades autónomas. En 1993 -últimos datos disponibles-, unos 50.000 hogares (el 0'4% del total nacional) recibieron esta ayuda económica, cuaya media se sitúa en 34.337 pesetas por presona. Los autores del trabajo criticaron la dispersión y desigualdad que se produce en estos salarios sociales en España -al estar en manos exclusivas de los Gobiernos autónomos- y que el ...

Sólo una de cada cinco familias necesitadas españolas recibe salario social, según los datos de Cáritas, que presentó ayer el primer estudio global que se ha hecho en España sobre estas rentas mínimas, que dependen de las comunidades autónomas. En 1993 -últimos datos disponibles-, unos 50.000 hogares (el 0'4% del total nacional) recibieron esta ayuda económica, cuaya media se sitúa en 34.337 pesetas por presona. Los autores del trabajo criticaron la dispersión y desigualdad que se produce en estos salarios sociales en España -al estar en manos exclusivas de los Gobiernos autónomos- y que el Ministerio de Asuntos Sociales no haya hecho el más mínimo movimiento en este asunto.

Tres días después del final de la Cumbre de la Pobreza, que ha reunido en Copenhague a 121 jefes de Estado y Gobierno para hacer declaraciones de principios sobre la necesidad de erradicar la pobreza del planeta; este informe de la Fundación FOESSA (la fundación de Cáritas Española) vuelve a resaltar las distancias que separan los hechos de las palabras, y sin irse muy lejos de casa.Manuel Aguilar y Miguel Laparra, autores, junto a Mario Gaviria, del estudio La caña y el pez, criticaron ayer que los 22.000 millones de pesetas anuales de salario social, que los Gobiernos regionales reparten entre los más necesitados, son una cantidad muy pequeña para mitigar las malas condiciones de vida en que se mueven miles de familias españolas, que han quedado excluidas tanto del mercado de trabajo como de otro tipo de pensiones públicas. Aguilar estimó que para aplicar estos programas con un mínimo de rigor, se necesitan 100.000 millones anuales.

Ambos reconocieron el paso dado por los Gobiernos autónomos y arremetieron contra Asuntos Sociales por no hacer nada para homogeneizar y coordinar estas prestaciones, además de aportar una financiación complementaria; o, por *lo menos, para asegurar unos mínimos y recoger en una ley este derecho de los "nuevos pobres". En la UE, sólo Italia tiene estas ayudas tan descentralizadas.

Una comunidad autónoma, Baleares, todavía no cuenta con esta asistencia. Sólo el País Vasco aplica satisfactoriamente, según el estudio de FOESSA, las rentas mínimas: reparte 6.000 millones anuales entre 16.500 hogares, lo que supone casi el 2% de familias de esa comunidad -porcentaje que los autores del informe consideran que debiera ser el que se alcanara en toda España-.Junto al País Vasco, Madrid y Cataluña se salvan en el estudio por aplicar estos programas sociales con bastante rigor y medios. El resto dejan bastante que desear; sobre todo, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Valencia y Extremadura, tanto por la escasa cobertura que prestan como por las abundantes limitaciones que imponen para acceder a estas ayudas de supervivencia. Cantabria sólo dedicó, en 1993, 10 millones a este concepto.

Las mujeres solas con hijos son el principal grupo receptor de los salarios sociales (más de un tercio del total), seguidas de personas que viven solas.