Tribuna:AULA LIBRE

¿Mejorar la universidad contratando 'penenes'?

El proyecto de ley de Actualización de la ley de Reforma Universitaria (LRU) que el Gobierno ha enviado a las Cortes propone exigir a los candidatos a profesor titular de universidad seis años de experiencia docente y seis de investigación con evaluación positiva por la Comisión Nacional de Evaluación y seis adicionales a los candidatos a catedrático de universidad. Algunos ilustres profesores (como Gabriel Tortella en este mismo periódico) han defendido esta propuesta como un remedio contra la endogamia y como un estímulo a la docencia y a la investigación. La mayor parte de mis colegas creen...

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El proyecto de ley de Actualización de la ley de Reforma Universitaria (LRU) que el Gobierno ha enviado a las Cortes propone exigir a los candidatos a profesor titular de universidad seis años de experiencia docente y seis de investigación con evaluación positiva por la Comisión Nacional de Evaluación y seis adicionales a los candidatos a catedrático de universidad. Algunos ilustres profesores (como Gabriel Tortella en este mismo periódico) han defendido esta propuesta como un remedio contra la endogamia y como un estímulo a la docencia y a la investigación. La mayor parte de mis colegas creen que esta propuesta es lo único o lo más importante que contiene este proyecto. Yo creía lo mismo hasta que lo leí.En realidad, el proyecto dedica la mayor parte de su articulado a la institucionalización de los profesores no numerarios (PNN). Actualmente existen PNN de hecho, contratados como ayudantes o como asociados. Pero la LRU restringe a cuatro años el contrato de ayudante y a un 20%, con otros requisitos, el porcentaje de profesores asociados. Si este proyecto sale adelante se acabarán estas estrecheces. Tras cuatro años de becario, se comenzaría con seis años de ayundante. Si tras estos seis años ya se es doctor, cabrá la renovación como ayundante por otros dos años más. Luego se podrá obtener un contrato durante otros cinco más, con tres de prórroga, como profesor ayudante (no confundir con el ayudante simple de antes). Pasados estos ocho años, cabrá aún la contratación como colaborador docente por dos años, prorrogables tres veces, durante otros ocho. Total veinticuatro años de penene, sin contar los cuatro de becario de doctorado.

Los candidatos a titulares van a tener tiempo de sobra para completar los seis años de docencia e investigación que se les exigen para su promoción a funcionarios.

¿Cómo cree el Gobierno que la vuelta a la contratación de penenes va a mejorar el estado actual de la docencia y la investigación? El preámbulo del proyecto, que debería explicarlo, más que exposición, es una ocultación de motivos. Nada concreto ni sobre los defectos del actual sistema ni sobre cómo sus remedios van a mejorarlo. Nada concreto sobre nada; sólo la impresión de que no hay ideas ni sobre lo uno ni sobre lo otro, la impresión de que el Gobierno no sabe cómo explicar lo que está proponiendo, la impresión de que es un cambio vergonzante que se quiere hacer pasar clandestinamente.

Hace todavía poco tiempo todo el mundo (o casi) denunciaba la situación de dependencia clientelar de los profesores contratados como un mal de la Universidad. Lo hacíamos la mayor parte de los profesores actuales, que vivíamos esa situación en nuestras carnes. Nuestra experiencia fue que esa situación de contratación no aumenta la motivación, ni la dedicación, ni la competencia, ni la calidad. El MEC parece ser de otra opinión. Parece saber que los penenes, gracias quizás a su situación precaria, a su dependencia del departamento y de su director, a que carecen de plena capacidad docente e investigadora y a que serán más baratos, elevarán la calidad de la enseñanza y de la investigación. Debería decirnos cómo. Pues es en verdad difícil de comprender que, tras la experiencia de los años setenta, alguien pueda volver a echar mano del mismo recurso de Lora Tamayo y Villar Palasí. Y que además pretenda con ello mejorar en algo la Universidad.

Julio Carabaña es director del Departamento de Estructura Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense.

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