La ley sobre los fondos reservados entrará en vigor el 1 de enero
La ley sobre regulación de los fondos reservados, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, se tramitará por el procedimiento de urgencia, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, con la ley de Presupuestos Generales para 1995. El año próximo el Gobierno dispondrá de 2.148 millones de fondos reservados, casi un 20% menos que este año, repartidos entre los ministerios de Justicia e Interior, Defensa y Exteriores.
El proyecto de ley que aún ayer tarde ultimaba el Gobierno se atiene a lo dispuesto en la resolución del pleno del Congreso del 21 de junio, según...
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La ley sobre regulación de los fondos reservados, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, se tramitará por el procedimiento de urgencia, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, con la ley de Presupuestos Generales para 1995. El año próximo el Gobierno dispondrá de 2.148 millones de fondos reservados, casi un 20% menos que este año, repartidos entre los ministerios de Justicia e Interior, Defensa y Exteriores.
El proyecto de ley que aún ayer tarde ultimaba el Gobierno se atiene a lo dispuesto en la resolución del pleno del Congreso del 21 de junio, según la cual los fondos serán controlados en adelante por la comisión de Secretos Oficiales, integrada por un representante de cada grupo parlamentario, salvo el Mixto, lo que impide que HB pueda acceder a la misma. Aunque los diputados estarán obligados a guardar reserva sobre la información que reciban, se arbitrará un sistema para preservar la identidad de los confidentes y de los receptores de estos fondos.
Los ministros de Justicia e Interior, Defensa y Exteriores, únicos capacitados para disponer de gastos reservados, comparecerán cada seis meses ante la comisión, que conocerá también sobre un registro específico y secreto con los bienes personales de dichos altos cargos. Las partidas aprobadas para fondos reservados no podrán ampliarse, en contra de lo que ha sido práctica habitual, salvo acuerdo expreso del Congreso.
El control parlamentario de los fondos reservados obligará, según fuentes gubernamentales, a que se lleve una contabilidad sobre su uso, lo que hasta ahora no era preceptivo, y a que cada alto cargo deba justificar, si quiera genéricamente, su uso. La Intervención General del Estado podrá fiscalizar estas partidas.
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