Si Estado y autonomías no pactan no habrá fondos europeos para las zonas incendiadas

La transferencia casi total de competencias en medio ambiente a las comunidades autónomas se está revelando como un escollo en el reparto de los fondos de cohesión que para este área la UE destina a España. Los proyectos presentados a Bruselas para aprovechar los 93.000 millones de pesetas disponibles este año alcanzan esta cifra pero son todos de la Administración central. La racha reciente y devastadora de incendios forestales ha hecho que el Gobierno se plantee la utilización de otros 15.000 millones disponibles este mismo año para la recuperación de zonas quemadas, mediante convenios con l...

La transferencia casi total de competencias en medio ambiente a las comunidades autónomas se está revelando como un escollo en el reparto de los fondos de cohesión que para este área la UE destina a España. Los proyectos presentados a Bruselas para aprovechar los 93.000 millones de pesetas disponibles este año alcanzan esta cifra pero son todos de la Administración central. La racha reciente y devastadora de incendios forestales ha hecho que el Gobierno se plantee la utilización de otros 15.000 millones disponibles este mismo año para la recuperación de zonas quemadas, mediante convenios con las comunidades autónomas, en cuyos presupuestos se incluiría el grueso de los proyectos.

Cristina Narbona, secretaria de Estado de Vivienda y Medio Ambiente, presentó ayer los proyectos que se han enviado a la UE para su aprobación dentro de los fondos de cohesión (instrumento financiero para conseguir la convergencia con Europa de los países más atrasados: Portugal, España, Grecia e Irlanda) destinados a medio ambiente, pero el tema de la recuperación de zonas incendiadas quedó pendiente.Este año, la Administración ha hecho un esfuerzo para aprovechar todos los fondos disponibles, muy superiores a los del año pasado. En 1993 se hicieron inversiones en medio ambiente por valor de 48.000 millones de pesetas, de los que la UE abonó el 85%. Esta cantidad supuso un 30% del total de los fondos de cohesión, cuando la UE cree que el porcentaje adecuado es del 40% para medio ambiente y 60% para infraestructuras. "Fue un año no satisfactorio para nosotros", afirmó Narbona.

Año de transición

Este año las inversiones totales podrían ser de 93.000 millones de pesetas y por un monto ligeramente superior se han presentado proyectos en Bruselas. Muy pocos tienen que ver con la reforestación, por dos razones: las comunidades autónomas tienen competencias casi plenas sobre política forestal y las inversiones en este sector del ministerio de Agricultura ya tienen ayudas de otros fondos europeos, por lo que no pueden optar a los fondos de cohesión. Respecto a la primera razón, Narbona señaló que este año "de transición" la Administración central se reserva ser la única que gestiona los fondos de cohesión porque es el Estado español el que resulta deficitario en su contribución a la UE. Sin embargo, en algunos sectores, como la depuración de aguas residuales, se aplican convenios ya existentes con las comunidades autónomas. Para el año que viene, se espera que haya un acuerdo "al máximo nivel", según Narbona, para que se apliquen los fondos de cohesión a proyectos ejecutados por las comunidades autónomas.

Respecto al tema de los incendios, la UE ha avisado a España, explicó Narbona, de que habría otros 15.000 millones de pesetas al menos disponibles en fondos de cohesión este año, procedentes de un país, que no nombró, que no ha sabido a provechar el dinero que se le podría haber otorgado. Con este dinero en mente y los fondos del año que viene en el horizonte, el ministro de Agricultura va a intentar poner en marcha proyectos urgentes con las comunidades autónomas para la regeneración de las zonas afectadas. La UE exige que los proyectos reflejen inversiones reales que figuren en los presupuestos del año que se trate, y abona el 85% de lo presupuestado. Greenpeace pidió ayer que en el tratamiento de los terrenos afectados no se olvide que en muchos casos la mejor opción es favorecer la regeneración natural y que una parte importante de las inversiones se dedique a la adopción de medidas preventivas.

En cuanto a los proyectos ya presentados reflejan las prioridades medioambientales españolas, según la secretaria de Estado: la primera es la lucha contra la erosión (en el litoral y en las riberas de los ríos, por ejemplo), que incluye una partida de 4.000 millones de pesetas para detección del posible cambio climático.

El abastecimiento de agua potable, el control de avenidas depuración de aguas residuales: gestión de residuos y reducción de la contaminación atmosférica y acústica son otras áreas en las que se presentan proyectos. Uno de ellos, con repercusiones medioambientales, dentro del Plan de Vivienda, es la regeneración de la Ciutat Vella de Barcelona, con una inversión de 3.856 millones de pesetas.