El Gobierno gastara 31.300 millones de pesetas para paliar la sequía

Los agricultores dispondrán de ciertas facilidades para llegar a final de un año especialmente duro por la falta de precipitaciones. El Gobierno dio el visto bueno ayer a una serie de medidas urgentes contra la sequía por un valor de 31.300 millones de pesetas, un decreto-ley similar al que aprobó el año pasado por las mismas fechas.De ese dinero, 10.500 millones se destinarán a subvencionar créditos blandos por un importe total de 100.000 millones de pesetas. Las Comunidades Autónomas gastarán otros 10.500 millones de pesetas en abaratar esta línea de crédito. Contando con ambas ayudas...

Los agricultores dispondrán de ciertas facilidades para llegar a final de un año especialmente duro por la falta de precipitaciones. El Gobierno dio el visto bueno ayer a una serie de medidas urgentes contra la sequía por un valor de 31.300 millones de pesetas, un decreto-ley similar al que aprobó el año pasado por las mismas fechas.De ese dinero, 10.500 millones se destinarán a subvencionar créditos blandos por un importe total de 100.000 millones de pesetas. Las Comunidades Autónomas gastarán otros 10.500 millones de pesetas en abaratar esta línea de crédito. Contando con ambas ayudas, los agricultores dispondrán de préstamos a un tipo de interés seis puntos porcentuales por debajo del habitual del mercado.

Los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Trabajo determinarán qué zonas en concreto se podrán beneficiar de estas ayudas. Entre las medidas más importantes destaca también la condonación del pago a la Seguridad Social de las jornadas teóricas (que representa una ayuda de unos 6.000 millones de pesetas) y la del impuesto de bienes inmuebles (IBI), con un coste para el Estado de 5.000 millones.

El Ministerio de Agricultura, en colaboración con las Comunidades Autónomas, anticipará en tres meses el palyo de las subvenciones de la Unión Europea para cultivos herbáceos.

El ministro de Agricultura, Luis Atienza, que compareció por primera vez tras una reunión del Gobierno, anunció también el envío al Consejo Económico y Social (CES) y posteriormente al Parlamento del Proyecto de Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

El texto del proyecto de ley contiene exenciones fiscales para el asentamiento de jóvenes en el campo, dificulta la división de explotaciones, por debajo de un mínimo y rebaja de 21 a cinco años los periodos de arrendamientos rústicos. También elimina el pago de las jornadas teóricas a la Seguridad Social agraria.