La futura ley garantizará el aborto libre en la sanidad pública o concertada, pero no gratuito

La comisión interministerial que ultima el borrador de ley del Aborto propone que la sanidad pública garantice la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, aunque no de forma gratuita. No está resuelto aún quien abonará la intervención cuando la mujer carezca de medios económicos. La comisión busca fórmulas y apela a la solidaridad social en tales casos, pero parte de la dificultad de que el Estado se haga cargo de las entre 40.000 y 50.000 pesetas que cuesta la intervención, que seguirá siendo gratuita en los supuestos sanitarios actualmente despenalizados.

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La comisión interministerial que ultima el borrador de ley del Aborto propone que la sanidad pública garantice la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, aunque no de forma gratuita. No está resuelto aún quien abonará la intervención cuando la mujer carezca de medios económicos. La comisión busca fórmulas y apela a la solidaridad social en tales casos, pero parte de la dificultad de que el Estado se haga cargo de las entre 40.000 y 50.000 pesetas que cuesta la intervención, que seguirá siendo gratuita en los supuestos sanitarios actualmente despenalizados.

Las peticiones de algunos sectores feministas en favor del "aborto libre y gratuito" son consideradas con simpatía en la mencionada comisión -integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Sanidad y Asuntos Sociales-, pero chocan con las dificultades económicas de la sanidad pública. "Desde el Estado es muy difícil cubrir el coste del aborto, cuando hay gente que pasa hambre, para la que se están reduciendo otras muchas prestaciones sanitarias", informaron a este pe riódico fuentes de la comisión.En cambio, consideran prioritario que la sanidad pública, por sí misma o mediante el concierto con centros privados, asegure el cumplimiento de la futura ley, que permitirá a la mujer que así lo decida, tras un periodo de asesoramiento, interrumpir su embarazo en los tres primeros meses de gestación. En todo caso, la intervención seguirá siendo gratuita en los dos supuestos sanitarios actualmente despenalizados: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y malformaciones del feto. Desaparecerá el aborto por embarazo consecuencia de violación, por ser innecesario al existir el aborto libre.

La comisión interministerial -mayoritariamente integrada por mujeres- está preocupada porque la ampliación de la despenalización provoque una situación de desigualdad entre las embarazadas con medios económicos suficientes y las que carezcan de ellos, si no pueden acogerse a los supuestos sanitarios. Sin embargo, los tanteos realizados han conducido a la convicción de que la sanidad pública, que cada vez reduce mas sus prestaciones, no podrá hacerse cargo de los nuevos supuestos de aborto libre. Como fórmulas alternativas, estudian el fomento de asociaciones a través de las cuales se materialice la solidaridad social.

Más barato

A pesar de esta deficiencia, la comisión que elabora el borrador de la futura ley tiene conciencia de que, por sí misma, la despenalización en las 12 primeras semanas abaratará el aborto, al normalizarlo en España y evitar los gastos de viaje al extranjero o los costes añadidos de las intervenciones ilegales. Asimismo, reconoce que el Estado no puede asumirlo todo y que, en una situación de aborto libre es lógico que la sanidad pública aplique a esta intervención la misma filosofía que excluye de la Seguridad Social atenciones sanitarias psiquiátricas, psicológicas u odontológicas, entre otras.

Otro escollo sanitario de la futura ley es la objeción de conciencia de los médicos de centros públicos, que origina que en la actualidad más del 90% de los abortos legales se realicen en centros privados. El criterio de los redactores del borrador es que la red sanitaria pública, aunque sea a través de centros concertados, "tiene que garantizar la práctica de los nuevos abortos legales", aunque no gratuitamente. Estiman que la solución de los centros concertados aminorará los efectos de la objeción, mientras que "si en los centros públicos se hace una lista de médicos objetores, se apuntarían casi todos", aseguran.

Una de las cuestiones que la comisión va perfilando es la información que se suministrará a la embarazada antes de que decida, si así lo estima, interrumpir la gestación. Tal asesoramiento lo prestará un médico, sobre las consecuencias de abortar o de continuar el embarazo, así como asistentes sociales y psicólogos, de familia, sobre las posibilidades de proseguir la gestación y sobre las fórmulas viables de adopción.

Estos asesoramientos suplirán, en casos de embarazos no deseados, la labor de la red primaria de centros de planificación familiar, que difundirán métodos de prevención del embarazo y fomentarán la maternidad responsable para completar la educación sexual prevista en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.

Campañas de información

La coordinación de estas campañas de información corresponderá al Ministerio de Asuntos Sociales, aunque los servicios correspondientes estén transferidos a las comunidades autónomas. La consecuencia de esta información será no sólo evitar el crecimiento de los abortos, sino que "lógicamente favorecerá el descenso de los mismos, como efecto positivo de la libertad", según fuentes de la comisión, que recuerdan que la protección del feto no ha de ser necesariamente penal.

Pero Belloch quiere que la futura ley sea más exigente en la protección del bien jurídico constitucional consistente en la vida en gestación. Lo explica así: "No bastará. con adoptar medidas que, en términos sociológicos o estadísticos, garanticen que con la nueva ley habrá menos abortos. Además, será necesario establecer mecanismos de asesoramiento a la mujer y de ofrecimiento de alternativas y soluciones, aunque finalmente, tras un período de reflexión, prevalezca su decisión, si persiste en interrumpir su embarazo. Creo que ese marco, aunque alguien pueda creerlo restrictivo, es de absoluta seguridad constitucional".