La Unión Europea recomienda congelar salarios en 1994
Los ministros de Economía de los Doce terminaron ayer el primer ejercicio de elaboración de las orientaciones de política económica para 1994, que comportan un seguimiento e incluso la aprobación de una amonestación contra los Estados socios incumplidores. Las orientaciones, vinculadas a la entrada de la Unión Económica (UE) en la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) el próximo 1 de enero, recomiendan la estabilidad de precios, el saneamiento presupuestario, la lucha contra el fraude fiscal, un aumento de la inversión productiva y la congelación salarial en la mayoría de los pa...
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Los ministros de Economía de los Doce terminaron ayer el primer ejercicio de elaboración de las orientaciones de política económica para 1994, que comportan un seguimiento e incluso la aprobación de una amonestación contra los Estados socios incumplidores. Las orientaciones, vinculadas a la entrada de la Unión Económica (UE) en la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) el próximo 1 de enero, recomiendan la estabilidad de precios, el saneamiento presupuestario, la lucha contra el fraude fiscal, un aumento de la inversión productiva y la congelación salarial en la mayoría de los países.Los costes indirectos del trabajo -fiscalidad y exacciones de la seguridad social- deben reducirse, principalmente para el trabajo menos cualificado.
El Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) no pudo llegar ayer a ningún acuerdo respecto al impuesto sobre las emisiones de anhídrido carbónico (CO2), llamado también tasa energética. Tampoco fue posible alcanzar el consenso en las bonificaciones a intereses de préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) destinados a pequeñas y medianas empresas. Ambas cuestiones se derivan de encargos más o menos explícitos realizados por la Cumbre de Bruselas, celebrada los pasados días 10 y 11.
Infraestructuras
También fue objeto de una nueva dilación la puesta a punto de un nuevo mecanismo financiero por valor de 8.000 millones de ecus (1,2 billones de pesetas) anuales destinados a las grandes infraestructuras europeas.
El Ecofin había recibido el encargo los jefes de Estado y de Gobierno de estudiar un sistema de empréstito europeo, en forma de obligaciones de la Unión. Los ministros de Economía decidieron, sin embargo, pasar la patata caliente otra vez a la Comisión, que recibió el encargo de estudiar en detalle el sistema de financiación para que sea discutido de nuevo por los ministros en febrero o marzo.
Las orientaciones de política económica fueron aprobadas por unanimidad, con una reserva que no paraliza la entrada en vigor del documento, por parte de Grecia. El gobierno del socialista Andreas Papandreu se negó a aceptar la política de moderación salarial generalizada propugnada por el Ecofin y aseguró en su reserva que "la recuperación económica de la Comunidad debe ir unida a una evolución positiva de los salarios reales". El único país que apoyó la posición griega, aunque terminó votando con todos los otros, fue Dinamarca, gobernada también por socialistas.
Los ministros de Economía aprobaron también un segundo documento, derivado como el anterior de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht y de las obligaciones que éste establece para el paso a la segunda fase de la UEM (Unión Económica y Monetaria). Se trata de un documento de evaluación del estado de la convergencia nominal entre los Estados miembros, precisamente con vistas a conocer el camino recorrido en el proceso hacia la moneda única.
El documento ha sido elaborado por el Comité Monetario (integrado por los secretarios del Tesoro y los subgobernadores de los bancos centrales de cada país) y precisa que se han producido avances relativos en inflación y en tipos de interés a largo plazo, a pesar de que subsisten grandes divergencias en déficit y deuda.
Directiva sobre IVA
Los ministros aprobaron ya definitivamente una directiva sobre el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) sobre las ventas de objetos de ocasión y obras de arte dentro del Mercado único. El nuevo IVA quedará reducido a cero cuando se trate de transacciones entre particulares y gravará sólo el margen de beneficio de vendedor en los otros casos. Los automóviles serán considerados como vehículos usados, y por tanto estarán acogidos al nuevo sistema, cuando hayan circulado un mínimo de 6.000 kilómetros o más de seis meses desde la primera venta.
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