La Generalitat defiende su politica inguistica

El Gobierno de de Jordi Pujol salió ayer en defensa de la política lingüística de la Generalitat, cuestionada por informaciones periodísticas que han recogido la protesta de un grupo de padres que reclama para sus hijos la enseñanza en castellano. Esta política está conforme con el Estatuto y la Constitución, afirma la Generalitat.El Ejecutivo catalán se reafirma en una declaración en que el objetivo es que todos los ciudadanos de Cataluña conozcan bien las dos lenguas oficiales. "Aparte de un derecho de los ciudadanos, esto representa un enriquecimiento general y garantiza la convivencia cole...

El Gobierno de de Jordi Pujol salió ayer en defensa de la política lingüística de la Generalitat, cuestionada por informaciones periodísticas que han recogido la protesta de un grupo de padres que reclama para sus hijos la enseñanza en castellano. Esta política está conforme con el Estatuto y la Constitución, afirma la Generalitat.El Ejecutivo catalán se reafirma en una declaración en que el objetivo es que todos los ciudadanos de Cataluña conozcan bien las dos lenguas oficiales. "Aparte de un derecho de los ciudadanos, esto representa un enriquecimiento general y garantiza la convivencia colectiva". El Gobierno catalán considera evidente que la lengua catalana no está todavía, en muchos ámbitos de la vida social, en una situación de igualdad con la castellana, por lo que "manifiesta su voluntad de proseguir y reforzar la política lingüística marcada por la ley de Normalización". Esta política lingüistica "se ha realizado hasta el momento con el máximo consenso y convivencia social". "Ha habido y hay en Cataluña un clima de mútuo respeto que nos enorgullece", se agrega. "Y el Gobierno no caerá en la trampa de iniciar una polémica que ponga en peligro esta convivencia social y el proceso de normalización".

El presidente del Partido Popular en Cataluña, Aleix Vidal Quadras, manifestó ayer que esta polémicá "es artificial" porque en Cataluña conviven el catalán y el castellano "de forma normal y sin conflictos". Pese a ello, ha presentado una interpelación parlamentaria interesándose por los criterios de aplicación de la normalización en la educación. "El hecho de que un colectivo de ciudadanos se sienta discriminado lingüísticamente ha de merecer la atención de los poderes públicos, cuya obligación es buscar soluciones a los problemas y no exacerbarlos", agregó. Ayer, en Salou, un grupo de padres se negaron a enviar sus hijos (250 según uno de ellos, unos 30 según las autoridades escolares) a los colegios públicos de la ciudad en protesta por no poder recibir la enseñanza en castellano. Los partidos de la localidad, entre ellos el PP, emitieron un comunicado contra un conflicto que califican de manipulado. En Barcelona, 18 padres del colegio Reyes Católicos, también protestaron por la misma razón.