Oficialmente mal pagador

Si algo tiene claro el ciudadano de los años noventa es que el Estado, ya sea en su versión central, autonómica o local, es un mal pagador. La luz, las vendas que se usan en los hospitales, las carreteras, la cuenta del teléfono o la limpieza de las ciudades están pendientes de cobro. Empresarios y ciudadanos esperan, en algunos casos desde hace años, a que el Ayuntamiento, la autonomía o el ministerio de turno les den lo que es suyo: más de dos billones de pesetas, según la CEOE. Andalucía lleva el farolillo rojo.

El problema se agravó durante la primavera pasada. El que el Estado pagu...

Si algo tiene claro el ciudadano de los años noventa es que el Estado, ya sea en su versión central, autonómica o local, es un mal pagador. La luz, las vendas que se usan en los hospitales, las carreteras, la cuenta del teléfono o la limpieza de las ciudades están pendientes de cobro. Empresarios y ciudadanos esperan, en algunos casos desde hace años, a que el Ayuntamiento, la autonomía o el ministerio de turno les den lo que es suyo: más de dos billones de pesetas, según la CEOE. Andalucía lleva el farolillo rojo.

El problema se agravó durante la primavera pasada. El que el Estado pague tarde "tiene raíz histórica", comenta un empresario. Pero en mayo las deudas de las administraciones central, autonómica y local pasaron de ser un problema a ganarse el adjetivo de gravísimo. La ley dice que hay que pagar a los 90 días. "Y lo frecuente es que tarden más de seis meses, por lo que los empresarios cuentan con ello en sus cálculos de costes. Pero ya no son seis meses, sino que el retraso es de un año o más", explica Pedro Grime, técnico de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y miembro de la comisión creada para estudiar este tema.La patronal calculaba en mayo que hay "pendientes de cobro" dos billones de pesetas, y "con toda seguridad" se llegará a 2,5 billones cuando actualicen esos datos a 31 de diciembre, apuntan. Un ejemplo: Francisco Jardón, presidente de esta comisión de la CEOE y de la patronal Aselip -agrupa a las empresas de aseo urbano- explica, para dar una idea de cómo crecen estas cifras a pasos agigantados, que el 1 de enero de 1992 los ayuntamientos de España les debían 58.000 millones. Un año más tarde, esta deuda ya asciende a 81.000 millones.

"Para nosotros es muy grave porque esta cifra es más de la mitad de la facturación del sector de limpieza urbana", señala Jardón. "Esto explica que en el sector todas las empresas sean grandes", añade. Al final, la dinámica oficial de pagar con tantísimo retraso supone "una distorsión de la competencia porque sólo subsisten las empresas fuertes", denuncia el presidente de la comisión. Y pagan el pato las pequeñas, "justo las que, a veces, son más dinámicas y crean más empleo", comentan en la CEOE. Lo mismo ocurre entre las compañías de ingeniería y consultoría, donde la deuda equivale al 50% de la facturación anual", comenta un directivo. Esta situación "provoca una grave repercusión financiera en el sector", añade.

Las empresas constructoras encabezan el ranking de acreedores: 800.000 millones, según la CEOE. Carlos Solchaga, ministro de Economía, contestó en el Congreso que la deuda sólo de la Administración Central con las constructoras en junio era de 80.000 millones, según explica una portavoz de su Ministerio. Este departamento no ha dado más información sobre las deudas de la Administración.

La construcción lleva años intentando arreglar cuentas con los gestores públicos, pero ha habido sectores quizás con más suerte. Una de las empresas encargada de la construcción de un tramo del AVE ha cobrado "bastante rápido" el dinero de esas obras "mientras que otros trabajos del plan de carreteras ejecutados en las mismas fechas siguen sin pagarse", indica el portavoz de una de las cinco grandes constructoras de España.

Nuevos afectados

El deterioro de la situación ha provocado que las deudas se extiendan a actividades que, hasta ahora, se habían salvado de la morosidad pública. "El sector de la radiodifusión y TV nunca ha tenido problemas y ahora tiene pendiente una deuda de unos 5.000 millones", explica un portavoz de la asociación de industrias electrónicas, Aniel.Allí cuentan que "la deuda es más alta que nunca". Uno de los sectores más afectados es el fabricante de electromedicina. "El Insalud y los servicios de salud de las comunidades autonómonas arrastran una deuda de 9.269 millones", sólo por la compra de aparatos hospitalarios, señala Jorge Donadeu, responsable de ese área.

Estos retrasos cuestan dinero; primero porque los intereses de demora están por debajo de los reales, y segundo, porque "las empresas tienen que dedicar gente y tiempo a perseguir los cobros. Y esto es un drenaje de los recursos de las empresas ya que es un dinero no productivo", añade Francisco Jardón. Si a los 90 días no han pagado, el afectado tiene derecho a solicitar los intereses de demora. Pero son del 10%, casi la mitad de lo que cobra cualquier entidad financiera al conceder un crédito. ¿Qué significa esto? Pues que a un ayuntamiento, por ejemplo, si está mal de liquidez le puede ser más rentable no pagarla cuenta de la luz que pedir un préstamo. Y así el sector eléctrico está sin cobrar de los ayuntamientos 52.000 millones y 38.000 de otros organismos, según fuentes del sector.

Iberdrola, por ejemplo, espera cobrar algún día los 40.000 millones que les deben. Y para conseguirlo su equipo jurídico tiene que hacer filigranas. Como acudir al Defensor del Pueblo, quien ha admitido a trámite una queja de Iberdrola contra un ayuntamiento de la sierra de Madrid que, desde 1983, debe 38 millones de la cuenta de la luz.

Sobre el cobro de los intereses de demora, la patronal tiene una, queja. "La experiencia demuestra que si alguna empresa reclama estos intereses, no le vuelven a dar un contrato más en su vida", comenta un responsable de la CEOE. El portavoz del Ministerio de Obras Públicas rechaza esta acusación. "No sólo se pagan los intereses de demora sino que se les vuelve a dar contratos".

Una nueva ley de contratos con la Administración Pública, actualmente en el Congreso, intenta poner orden; Su última redacción establece que, a partir de los 90 días, la Administración tiene que empezar a pagar automáticamente los intereses de demora, sin previa petición.

"Hemos tenido consciencia de lo mal que pagan cuando hemos salido fuera, porque para el resto del empresariado de la CE este tema no es una preocupación cotidiana", señala Jardón. El tiempo de cobro oscila en el resto de Europa entre 30 y 40 días. Los empresarios piden fórmulas disuasorias como la francesa, "donde los intereses de demora aumentan dos puntos por cada mes de retraso".