Las administraciones deben 330.000 millones a la Seguridad Social, según el PP

El conjunto de las administraciones públicas adeuda 329.021 millones de pesetas en cuotas a la Seguridad Social, según anunció ayer la diputada del Partido Popular y portavoz de su grupo en la comisión de política social del Congreso, Celia Villalobos. La diputada dijo que este dato le ha sido comunicado por el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez.

Según la diputada del PP, las comunidades autónomas deben a la Seguridad Social 114.783 millones; la Administración central, 94.034 millones; los ayuntamientos y diputaciones, 12.255 millones y al Instituto Nacional d...

El conjunto de las administraciones públicas adeuda 329.021 millones de pesetas en cuotas a la Seguridad Social, según anunció ayer la diputada del Partido Popular y portavoz de su grupo en la comisión de política social del Congreso, Celia Villalobos. La diputada dijo que este dato le ha sido comunicado por el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez.

Según la diputada del PP, las comunidades autónomas deben a la Seguridad Social 114.783 millones; la Administración central, 94.034 millones; los ayuntamientos y diputaciones, 12.255 millones y al Instituto Nacional de la Salud (Insalud), 197.979 millones.

Villalobos calificó esta deuda de "preocupante" y recordó que el Gobierno acaba de reconocer además deudas por 561.122 millones en el Insalud.

Según la diputada del PP, la diferencia numérica entre los activos y los pasivos se está acortando y en la actualidad 1,9 activos pagan los gastos de un pensionista.

Celia Villalobos confirmó que su grupo presentará una enmienda en el Senado para eliminar el destope (supresión de barreras de cotización) de las cuotas a la Seguridad Social.

La portavoz popular en la Comisión de Política Social y de Empleo aseguró, además, que su partido es contrario a liberalizar el despido colectivo si éste no se inscribe en una reforma global del mercado de trabajo.

Esta reforma, añadió, debería incluir la reducción de las modalidades de contratación, la legalización de las agencias de empleo temporal y descargar al Instituto Nacional de Empleo (Inem) del pago de las prestaciones por desempleo, con el fin de concentrarlo en la búsqueda de empleos y en la formación profesional.