Encrucijada peruana

EL RETORNO a Lima del vicepresidente San Román con el propósito anunciado de jurar su cargo como presidente constitucional -una vez que una mayoría de los diputados ha votado la destitución de un Fujimori convertido en dictador por su propia voluntad ha creado en Perú una situación completamente nueva y de la que hay pocos precedentes en la historia. Los decretos de Fujimori no han logrado disolver de modo efectivo la Cámara de Diputados ni el Senado: los parlamentarios se han reunido en otras sedes y siguen encarnando la legalidad constitucional frente a un poder de hecho que cuenta sobre tod...

EL RETORNO a Lima del vicepresidente San Román con el propósito anunciado de jurar su cargo como presidente constitucional -una vez que una mayoría de los diputados ha votado la destitución de un Fujimori convertido en dictador por su propia voluntad ha creado en Perú una situación completamente nueva y de la que hay pocos precedentes en la historia. Los decretos de Fujimori no han logrado disolver de modo efectivo la Cámara de Diputados ni el Senado: los parlamentarios se han reunido en otras sedes y siguen encarnando la legalidad constitucional frente a un poder de hecho que cuenta sobre todo con el Ejército y la policía para que sus órdenes sean cumplidas. La policía ha requisado sus pasaportes al vicepresidente San Román y a su esposa, y ha impedido su encuentro con los diputados en el aeropuerto. Vejaciones absurdas: poco después se reunía en su casa con los diputados y se dirigía al país. Su condena del golpe, sus acusaciones contra Fujimori, encontraban amplio eco en los medios de comunicación.¿Hasta cuándo durará esta extraña cohabitación del golpe y de la legalidad? En dos semanas, Fujimori ha cambiado de lenguaje. Ha arrinconado su altanería de los primeros días, cuando lanzaba contra la Cámara las más duras acusaciones. Ahora habla de diálogo con todas las fuerzas. Quiere dar la impresión de que respeta las libertades. La prensa puede publicar críticas contra él. El mismo hecho del retorno de San Román después de haber denunciado el golpe ante la OEA y ante el Gobierno de EE UU, y de haber proclamado que su plan es restablecer la legalidad conculcada por un presidente perjuro que ha violado la Constitución, es una prueba de la debilidad de Fujimori. Éste ha pasado de su ofensiva arrogante de los primeros días a una actitud defensiva.

Mucho depende, en esta situación compleja, de la actitud de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del golpe, los altos mandos de las Fuerzas Armadas apoyaron a Fujimori y los militares fueron utilizados en la censura de prensa y en la adopción de otras medidas represivas. Muchos oficiales pensaron que se volvía a un sistema de dictadura militar, con los privilegios que ellos siempre han obtenido de experiencias de ese género. Sin embargo, San Román ha hecho público -antes de volver a Lima- que varios altos jefes le han animado en su empresa de devolver la constitucionalidad al país. No hay duda de que existen discrepancias en las Fuerzas Armadas.

Pero el hecho más significativo ha sido el fracaso total que Fujimori ha sufrido en el plano internacional. Nadie le ha apoyado. La actitud de EE UU ha sido particularmente neta en contra suya. El secretario de Estado, James Baker, ha comentado el caso peruano diciendo: "No se destruye la democracia para salvarla". Al mismo tiempo -y ello debe hacer reflexionar a militares y civiles en Perú- EE UU ha anunciado restricciones en la ayuda económica si no se restablece la democracia. Por su parte, la OEA parece haber actuado sobre todo con vistas a enviar una delegación a Lima, cuya presencia deberá coincidir, mañana, con la jura por San Román del cargo de presidente constitucional. La diferencia entre los casos de Haití y Perú cobra así gran significación: la legalidad, con San Román, está ya en Lima, no en el extranjero en espera de que los militares acepten su retorno. La situación peruana se acerca a momentos decisivos. O Fujimori toma medidas represivas duras -y quizá sea demasiado tarde- o la presión internacional e interior pueden obligarle a retroceder y a abandonar su proyecto antidemocrático.