Sólo cuatro ministerios sancionan en sus convenios el acoso sexual

Sólo cuatro ministerios -Industria, Hacienda, Agricultura y Asuntos Sociales- prevén en sus convenios sanciones por acoso sexual de su personal laboral. Esta figura, no consta, sin embargo, en el convenio por el que se rigen todos los funcionarios, pese a las recomendaciones del código ético de la Comunidad Europea.

La causa radica, según Carmen Mangas, responsable del Departamento de la Mujer de la Federación de Servicios Públicos de UGT, "en que ni siquiera los sindicatos asumen como propia esta reivindicación a la hora de negociar", y lamenta que la Administración "no sea la primera ...

Sólo cuatro ministerios -Industria, Hacienda, Agricultura y Asuntos Sociales- prevén en sus convenios sanciones por acoso sexual de su personal laboral. Esta figura, no consta, sin embargo, en el convenio por el que se rigen todos los funcionarios, pese a las recomendaciones del código ético de la Comunidad Europea.

La causa radica, según Carmen Mangas, responsable del Departamento de la Mujer de la Federación de Servicios Públicos de UGT, "en que ni siquiera los sindicatos asumen como propia esta reivindicación a la hora de negociar", y lamenta que la Administración "no sea la primera en dar ejemplo". Un trabajo comparativo realizado por Neli Otín, de UGT, entre organismos de la Administración pública revela que cuatro ministerios hacen referencia al acoso sexual en los convenios del personal no funcionario, aunque no tipifican en qué consiste.La figura está recogida en el régimen disciplinario, que considera falta "grave" si el acoso sexual se produce entre compañeros y de "muy grave" cuando va acompañado "por un abuso de autoridad y ser efectuado por un o una superior-a hacia una persona subordinada". En el primer caso se prevé hasta un mes de suspensión de empleo y sueldo, así como del derecho a concurrir a oposiciones o pruebas de ascenso por uno a dos años. La falta grave está sancionada con suspensión de empleo y sueldo hasta tres meses, incluso al despido, y la inhabilitación para acceder a un ascenso.

Aunque los funcionarios de las Cortes Generales no tengan regulado el acoso sexual, disponen de un fondo social para subvencionar la ligadura de trompas con 150.000 pesetas; la vasectomía con 60.000; la adquisición de un dispositivo intrauterino con 15.000 y la de un diafragma con 6.000. "A mí me parece estupendo. No sé qué opinarán los diputados de mi partido", dice la diputada del PP Celia Villalobos.