Una embarazada con riesgos provocados por penuria económica podrá abortar legalmente

La situación social de la mujer, en el caso de que la continuación del embarazo ponga en peligro su salud física o psíquica, será tenida en cuenta durante las 12 primeras semanas de gestación para ampliar la despenalización del aborto en el anteproyecto de Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia, según informó Efe de "fuentes conocedoras del texto".

La mencionada ampliación del aborto, que Efe presenta como cuarto supuesto o indicación socioeconómica, además de limitarse a los tres primeros meses de gestación, exigirá que un médico certifique que peligra la salud física o m...

La situación social de la mujer, en el caso de que la continuación del embarazo ponga en peligro su salud física o psíquica, será tenida en cuenta durante las 12 primeras semanas de gestación para ampliar la despenalización del aborto en el anteproyecto de Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia, según informó Efe de "fuentes conocedoras del texto".

La mencionada ampliación del aborto, que Efe presenta como cuarto supuesto o indicación socioeconómica, además de limitarse a los tres primeros meses de gestación, exigirá que un médico certifique que peligra la salud física o mental de la embarazada en precaria situación económica, así como será necesario que la mujer haya sido atendida y diagnosticada en un centro de salud.Fuentes gubernamentales oficiosas declararon a este periódico que tales condicionamientos impiden hablar de la la admisión del supuesto socioeconómico, según el cual se permite el aborto en atención a la precaria situación económica de la gestante. Las mismas fuentes señalaron que la ampliación de la despenalización del aborto se limitará, en realidad, a "una variante de la indicación terapéutica".

Tal indicación consiste, según el artículo 417 bis del vigente Código Penal, en la no penalización del aborto "que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada".

La moderada ampliación de la despenalización del aborto proyectada por el Ministerio de Justicia significa, según tales fuentes, la consideración de la situación social de la embarazada como una de las causas de la enfermedad física o, psíquica ya prevista como causa despenalizadora. La flexibilización de los motivos que permitan alegar la enfermedad psíquica, conducirá a una mayor facilidad para abortar, según dichas fuentes.

No a la ley de plazos

Según Efe, la opción adoptada es una fórmula mixta entre una mini ley de plazos y la indicación social, ya aplicada por la Sala Segunda del Supremo. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalaron que la oposición del actual ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, a una ley de plazos propugnada por otros miembros del Gobierno, ha conducido a una fórmula mixta, pero no entre ley de plazos e indicación social, sino entre ésta y la terapéutica. Sectores feministas y pro, abortistas no se dan por conformes con la fórmula adoptada por Justicia. La Comisión Pro Derecho al Aborto considera esta propuesta "un parche más que no permite resolver los problemas que existen en la práctica, ni desde el punto de vista legal ni desde el sanitario", y exige al Gobierno que en vez de adoptar "medidas confusas y timoratas elabore una ley que respete este derecho de la mujeres y establezca claramente las medidas que permitan la práctica del aborto en la red sanitaria pública".

Por su parte, la Federación para la Defensa de la Salud Pública manifestó ayer su oposición a una modificación basada en el cuarto supuesto, "porque significaría continuar con juicios y penalizaciones". Según esta organización, "hay que despenalizar totalmente el aborto mediante la ley de plazos, sin ningún profesional, sea médico o asistente social, como intermediario de la decisión de la mujer", informa

Ni confirman ni desmienten

En sentido contrario se manifestó la Federación de Asociaciones Pro Vida, que rechaza frontalmente la iniciativa de Justicia al considerarla "una prueba más de la prepotencia política" del Gobierno socialista "difícilmente compatible con los derechos de las minorías".

En ausencia del portavoz de Justicia, fuentes oficiales del departamento manifestaron: "Ni confirmamos ni desmentimos la información de Efe". Más tarde, las mismas fuentes señalaron que la noticia "es inexacta", pero no fue posible obtener del titular del departamento ni de sus asesores en qué consistía la inexactitud, que calificaron de "grave".

El PP y el presidente de la Generalitat, Jord¡ Pujol, se mostraron contrarios ayer a cualquier ampliación de la ley.