La dirección del PP afirma que el dinero público se gasta en España "sin control alguno"
La dirección nacional de¡ Partido Popular acusó ayer al Gobierno de gastar el dinero público "prácticamente sin control alguno". La Comisión Permanente del PP afirmó en un comunicado que las reformas legislativas llevadas a cabo por el PSOE han propiciado la arbitrariedad, la desviación de poder y el abuso. Los populares han acordado exigir que la privatización de empresas públicas cuente con la aprobación del Parlamento y promoverán asimismo la supresión de la autorización con que cuenta el Gobierno para modificar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
El presidente del...
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La dirección nacional de¡ Partido Popular acusó ayer al Gobierno de gastar el dinero público "prácticamente sin control alguno". La Comisión Permanente del PP afirmó en un comunicado que las reformas legislativas llevadas a cabo por el PSOE han propiciado la arbitrariedad, la desviación de poder y el abuso. Los populares han acordado exigir que la privatización de empresas públicas cuente con la aprobación del Parlamento y promoverán asimismo la supresión de la autorización con que cuenta el Gobierno para modificar las partidas de los Presupuestos Generales del Estado.
El presidente del PP, José María Aznar, manifestó ayer que el PSOE "está sin rumbo" y sus dirigentes, "muy nerviosos" ante el problema de la corrupción, informa Europa Press. Aznar argumentó su crítica recordando que el presidente del Gobierno, Felipe González, calificó en un primer momento de "estupidez" sus acusaciones de corrupción generalizada, y, posteriormente, los dirigentes socialistas han denunciado que estas manifestaciones hacen daño a la democracia.Los dirigentes nacionales del PP se reunieron ayer por la tarde para debatir y aprobar un conjunto de medidas destinadas a reducir las posibilidades de corruptelas en el sector público, si bien las propuestas apenas concretaron en algunos casos los criterios genéricos que ya ha defendido el partido.
El PP acordó proponer el restablecimiento del control de la Intervención General del Estado previo a las decisiones de gasto público y una modificación de la Ley de Contratos del Estado que establezca mecanismos objetivos en la selección de los contratistas que trabajen para la Administración.
Los populares se proponen rectificar así la modificación legislativa llevada a cabo por los socialistas, que ha relegado el sistema de la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación de los contratos públicos. El PP pretende que se rebaje la cuantía de los contratos que no necesitan autorización del Consejo de Ministros, que ha aumentado hasta situarse en 2.000 millones de pesetas.
El PP anunció que propondrá la reforma de la Ley del Patrimonio del Estado para reducir los márgenes de discrecionalidad del ministro de Economía y del Consejo de Ministros. Esta iniciativa está relacionada con el hecho de que el ministro de Economía pueda enajenar bienes con valor de hasta 3.000 millones, mientras que antes sólo estaba autorizado a la enajenación de bienes que no superaban los 25 millones.
Los populares reprochan a los socialistas que modificaran la Ley de Presupuestos para permitir al Gobierno traspasar créditos entre secciones, capítulos y conceptos de esa ley con absoluta libertad, lo que, a juicio del PP, impide cualquier control del dinero público. Asimismo, los populares acusan a los socialistas de haber restringido el control previo a cualquier gasto por parte de la Intervención General del Estado y denuncian que "ahora, ni se verifican todos los actos que puedan originar un gasto público, ni se comprueban que se ajustan en todos los aspectos a la legalidad vigente ni las observaciones de los interventores suspenden su ejecución".
La dirección del PP reconoció que todas estas circunstancias no constituyen en sí mismas actos de corrupción, pero resaltó que son políticamente "mucho más graves que hechos aislados de corrupción". "Y eso es así", arguyó, "porque el Gobierno puede adjudicar los contratos a quien desee con pérdida de la objetividad procedimental, abonándose el terreno propicio para el clientelismo político e incrementando las posibilidades de tráfico de influencias y de corrupción