Las administraciones deben a las constructoras 600.000 millones de pesetas

El conjunto de las administraciones públicas (central y autonómicas) debe a las compañías constructoras unos 600.000 millones de pesetas, según los últimos datos que maneja la patronal del sector SEOPAN. A pesar del gran volumen de la deuda, la verdadera preocupación de las constructoras es que el plazo de pago se ha incrementado en un 20% en lo que llevamos de año, fenómeno justificado por las administraciones por los recortes presupuestarios.

Cuando todavía no se ha cerrado la contabilidad correspondiente a la primera mitad del año, el epígrafe Pendiente de Cobro de las com...

El conjunto de las administraciones públicas (central y autonómicas) debe a las compañías constructoras unos 600.000 millones de pesetas, según los últimos datos que maneja la patronal del sector SEOPAN. A pesar del gran volumen de la deuda, la verdadera preocupación de las constructoras es que el plazo de pago se ha incrementado en un 20% en lo que llevamos de año, fenómeno justificado por las administraciones por los recortes presupuestarios.

Cuando todavía no se ha cerrado la contabilidad correspondiente a la primera mitad del año, el epígrafe Pendiente de Cobro de las compañías constructoras refleja un cuantía bastante superior a lo habitual por estas fechas.El control que efectúa la patronal del sector sobre la evolución de la deuda contraída por las administraciones públicas (central y autonómicas) con las empresas muestran que en estos momentos asciende a unos 600.000 millones de pesetas. Dentro de esta contabilización se registran las deudas de todos los ministerios, comunidades y corporaciones locales que hagan referencia a cualquier tipo de obra pública (carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, etc).

Esta deuda de 600.000 millones de pesetas representa un incremento prácticamente del 80% respecto al año anterior por las mismas fechas. Parte de este incremento, según los constructores, es absolutamente lógico puesto que el número de obras encargadas es muy superior. Lo que más preocupa a las empresas es el tiempo de pago de las facturas.

La estadística que señala el total de la deuda, también se encarga de medir el tiempo que transcurre desde que se finaliza una obra hasta que se abona. En lo que llevamos de año, ese plazo se ha incrementado un 20%, con lo que el periodo medio de cobro se sitúa ahora en 5,7 meses.

La Administración central, debido a que es la que se encarga de acometer el mayor número de obras, es quien encabeza el ránking de deudores. La cifra global de su deuda con las empresas constructoras ronda los 300.000 millones de pesetas, es decir la mitad de a el conjunto de las administraciones. En el desglose de esta cantidad, es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el que aparece en cabeza, consecuencia lógica de ser el departamento del gasto. Y si descendemos aún más, podremos observar que el plan de carreteras es el que, con unos 100.000 millones de pesetas, tiene acumulada la deuda más voluminosa.

El incremento de la deuda y el retraso en el pago a las constructoras, al margen de constituir un problema para las empresas, desvela la insuficiencia le los mecanismos destinados a cubrir las necesidades financieras de los grandes proyectos de construcciones públicas.

Tanto la Administración central como las autonómicas justifican esta insuficiencia en los recortes presupuestarios, es decir en la política destinada a contener el gasto lo más posible. El ejemplo más patente de esta contención se produjo en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que están en vigor. En octubre pasado, y a la vista de las consecuencias que podría tener la guerra del golfo Pérsico, el Ministerio de Economía y Hacienda recortó 100.000 millones de pesetas destinados a ínfraestructuras.

Precisamente esta reflexión fue aprovechada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, para lanzar, hace apenas una semana, un debate sobre cómo afrontar una alternativa para remodelar ese esquema de financiación de infraestructuras. Borrell señaló, en un ejercicio aplicable directamente a las carreteras pero perfectamente extrapolable a cualquier otro tipo de gran obra, que había que encontrar una fórmula de financiación mixta que aliviara a la dotación presupuestaria, y que incidiera más en los contribuyentes y en los usuarios.