Adena pide al Ejecutivo que no apoye la explotación de la Antártida

La Asociación de Defensa de la Naturaleza (Adena-WWF) ha iniciado la campana Salvemos la Antártida, con la que pretende que el Gobierno español cambie su ambigua postura actual y se declare a favor de la prohibición total y permanente de las explotaciones minerales en la Antártida. Adena cree que la delegación española en la próxima reunión del Tratado Antártico, que se celebrará en Madrid entre el 22 y el 27 de abril, debería hacer una declaración formal al respecto e integrarse en la alianza formada por Austria, Francia, Nueva Zelanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Grecia, Au...

La Asociación de Defensa de la Naturaleza (Adena-WWF) ha iniciado la campana Salvemos la Antártida, con la que pretende que el Gobierno español cambie su ambigua postura actual y se declare a favor de la prohibición total y permanente de las explotaciones minerales en la Antártida. Adena cree que la delegación española en la próxima reunión del Tratado Antártico, que se celebrará en Madrid entre el 22 y el 27 de abril, debería hacer una declaración formal al respecto e integrarse en la alianza formada por Austria, Francia, Nueva Zelanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Grecia, Australia e Italia.La organización conservacionista desea que en ningún caso se mantenga la moratoria actual de 30 años sobre las explotaciones mineras, debido a que el Tratado no establece nada sobre esa posibilidad, y pide que la prohibición sea permanente. Asimismo reclama el apoyo del Gobierno español para que la Antártida sea declarada parque mundial, reserva natural y continente de la ciencia. Adena ha enviado una carta con estas y otras peticiones al presidente del Gobierno, al Parlamento y a los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación y Ciencia.

Los directivos de Adena han señalado que es falso el planteamiento que hacen los países ricos del norte respecto a que la explotación de la Antártida podría servir para sacar de la pobreza a los países pobres del sur. Igualmente denuncian que la instalación de bases en el continente se hace más en función de la reivindicación territorial de los países interesados que de la supuesta investigación científica.