Atentados en Chile mientras se mantiene el conflicto entre el Gobierno y la Justicia
Un muerto y 10 heridos fue el resultado de un atentado y tres ataques con explosivos contra cuarteles de carabineros, efectuados entre el viernes y el sábado pasados. Aunque un grupo de extrema izquierda, el MAPU Lautaro, se atribuyó las cuatro acciones terroristas, algunos dirigentes políticos dudaron de esta reivindicación. La serie de ataques ocurrió a dos semanas de que el Gobierno diera a conocer el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, y cuando aún quedan rescoldos de un reciente conf...
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Un muerto y 10 heridos fue el resultado de un atentado y tres ataques con explosivos contra cuarteles de carabineros, efectuados entre el viernes y el sábado pasados. Aunque un grupo de extrema izquierda, el MAPU Lautaro, se atribuyó las cuatro acciones terroristas, algunos dirigentes políticos dudaron de esta reivindicación. La serie de ataques ocurrió a dos semanas de que el Gobierno diera a conocer el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, y cuando aún quedan rescoldos de un reciente conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial.
El Gobierno se encuentra esperando las reacciones del Ejército de Tierra y la Armada al informe, que se presumen de rechazo, y la del cuerpo de carabineros. La Fuerza Aérea ya se ha pronunciado aceptando el contenido del informe.Un grupo armado con metralletas mató a balazos, el viernes a la salida de su domicilio, al jefe policial de Concepción -la segunda ciudad de Chile-, Héctor Sarmiento, un funcionario nombrado por el Gobierno democrático, y dejó herido a su padre y a dos policías. Otros siete carabineros resultaron heridos, uno de ellos grave, en tres ataques con bombas a comisarías de barrios periféricos de Santiago.
En llamadas telefónicas a medios de comunicación dos voces han atribuido los ataques al brazo armado del MOPU Lautaro como parte de una ofensiva contra los aparatos represivos, pidiendo "justicia" plena y en rechazo al informe. Pero el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Andrés Zaldívar, dijo que los autores pueden ser de extrema derecha o de extrema izquierda, mientras que el Partido Comunista culpó directamente a la ultraderecha y a la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta que tuvo el régimen militar.
La ocasión y los blancos elegidos han despertado dudas sobre la autoría de los atentados, que permitieron a la oposición criticar al Gobierno por su incapacidad para ofrecer seguridad. El Ejército se ha apresurado en culpar a la ultraizquierda. Una incertidumbre semejante existe sobre el asesinato, hace dos semanas, de un médico militar que perteneció a la CNI y su esposa.
Las autoridades no descartan las hipótesis del terror negro o rojo, en busca de desestabilizar la transición, que se encuentra en su momento crucial, después de la publicación del informe. "El Gobierno no descansará hasta aniquilar a los grupos extremistas y llevar a sus integrantes ante la justicia", declaró el ministro secretario general, Enrique Correa.
De forma inesperada, la principal fricción que ha provocado el informe y sus consecuencias no ha sido con el Ejército sino con la Corte Suprema. Mientras el jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet, permanece en silencio sobre el hecho de que más de 2.000 civiles murieran en manos de agentes del Estado cuando él fue presidente, entre 1973 y 1990, el Consejo de Generales Retirados rechazó el informe "como una verdad a medias".
Métodos represivos
El trabajo de la comisión no sólo objeta los métodos represivos de las Fuerzas Armadas chilenas. También critica al poder judicial y, en especial, a la Corte Suprema, cuya actitud durante el régimen militar produjo "un agravamiento del proceso de violaciones a los derechos humanos". Si las Cortes hubieran actuado, "la muerte, la desaparición y la tortura se podrían haber evitado en muchísimos casos", sostiene el informe. Pero la Corte Suprema se niega a admitir su responsabilidad.