Regulación fiscal

EN LOS momentos en que distintos departamentos ministeriales permanecen semiparalizados a la. espera de la anunciada crisis del Gabinete, Carlos Solchaga ha presentado una solución al espinoso asunto de la regularización fiscal. Ello lo ha hecho pocos días después de abanderar una propuesta de síntesis sobre la unión económica y monetaria de Europa. Ambos actos tienen una lectura política directa: el titular de Economía y Hacienda parece sentirse seguro en -su cartera con vistas a la futura remodelación.En el concreto asunto fiscal, durante los Últimos años, la realidad de la economía sumergid...

EN LOS momentos en que distintos departamentos ministeriales permanecen semiparalizados a la. espera de la anunciada crisis del Gabinete, Carlos Solchaga ha presentado una solución al espinoso asunto de la regularización fiscal. Ello lo ha hecho pocos días después de abanderar una propuesta de síntesis sobre la unión económica y monetaria de Europa. Ambos actos tienen una lectura política directa: el titular de Economía y Hacienda parece sentirse seguro en -su cartera con vistas a la futura remodelación.En el concreto asunto fiscal, durante los Últimos años, la realidad de la economía sumergida, con su engrase necesario -el dinero negro-, se hizo cada vez más incompatible con la otra economía, la legal, sometida progresivamente a un mayor control. Esta situación provocaba un creciente malestar de fondo por la discriminación que suponía para quienes actuaban desde la legalidad. Además, en algunos sectores, como el inmobiliario, era cada vez más dificil no verse implicado en el dinero negro cuando cualquier ciudadano honrado tenía que habérselas con una compraventa o herencia. La progresiva y generaliza-, da sensación de desconcierto exigía, sin duda, acabar con este tipo de situaciones.

Esta legítima aspiración de normalizar las cosas se entremezcla con la de quienes vienen operando sisternáticamente al margen de la ley fiscal y pretenden aprovechar la regularización de los defectos básicos del sistema para obtener una intolerable ventaja, acuciados a medida que Hacienda descubre nuevas bolsas de fraude, como las primas únicas y las cesiones de crédito. Así, una reivindicación que podría haber tenido una base razonable, la regularización, comenzó a desvirtuar sus objetivos al identificarse con las ansias de los defraudadores por neutralizar la acción de los inspectores.

Junto a esta cuestión de ámbito general existe, también, el problema específico de los pagarés del Tesoro, auténtica excepción legal de una injustiflicable opacidad tributarla que ha acabado por contagiar a todo el armazón fiscal, tanto en el ámbito legal mediante los pagarés forales como en la práctica bancaria con las diversas fórmulas de cuentas innominadas. Su posición, contraria a esta opacidad, le costó el puesto al entonces secretario de Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla, y provocó la primera crisis de gobierno socialista. Es cierto que en cuestiones fiscales no siempre es fácil distinguir la cizaña de la avena entre quienes se han visto atrapados en una operación de dinero negro y quienes defraudan habitualmente. Por todo ello, la propuesta de regularización de Hacienda parece razonable, aunque su moral sea utilitarista, benevolente con las sanciones y, por ende, genere agravios para quienes hayan pagado oportunamente sus gravámenes.

Cuestión distinta es saber si, pese a contar con un importante respaldo político, será útil fiscalmente. Hacienda ha rechazado cualquier veleidad de amnistía total o parcial. Si un contribuyente tiene un patrimonio oculto y quiere normalizar su situación deberá pagar el tipo de gravamen establecido. Las ventajas de la regularización se ciñen a las facilidades que se darán, tanto en plazos como en la exención de intereses, lo que supone un importante valor económico.

El mecanismo de regularización pone fin, también, a otra de las corruptelas vigentes: la posibilidad de efectuar en todo momento una declaración complementarla de las deudas pasadas. Este mecanismo, sólo vigente en España, se había degradado hasta tal punto que las declaraciones complementarias, preparadas de antemano, sólo se presentaban en el momento en que se advertía la inspección.

La otra medida importante es la alternativa propuesta para los pagarés del Tesoro. Al ofrecer a sus titulares un canje por un activo a cinco años -plazo de prescripción del delito fiscal-, la propuesta supone una liberación, puesto que elude cualquier penahzació-n por su surgimiento. Con ello se trata de poner fin a una situación irregular, a la vez que se identifica a sus propietarios. Estos deberán optar entre proseguir con una rentabilidad baja y acceder a la legalidad definitiva o arriesgarse a las consecuencias punitivas de la persistencia en lo anómalo.

La gran duda pendiente es saber cuántos se apuntarán a la regularizacíón propuesta con estas condicíones. En pocas ocasiones como en la presente unas medidas cualitativas han dependido más directamente de su resultado cuantitativo. A la hora de la verdad siempre son muchos menos los que desean normalizar su situación que los que claman, cargados de razón, por las injusticias del sistema.