Una juez de Bilbao pide directamente al Gobierno de Ecuador la captura de Luis Morcillo
La juez de Bilbao Inmaculada Jurado no quiere que Luis Morcillo Pinillos, presunto organizador material y ejecutor del asesinato de Santiago Brouard, vuelva a burlar en Ecuador la persecución policial. Para evitarlo, comunicó ayer directamente al Ministerio de la Gobernación del país suramericano la orden internacional de busca y captura contra el prófugo. La juez adoptó esta decisión ante la posibilidad de que la orden, firmada el pasado 5 de junio, aún no haya sido tramitada por la sección española de Interpol.
La confirmación de la presencia de Morcillo en Ecuador, que la magistrada ...
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La juez de Bilbao Inmaculada Jurado no quiere que Luis Morcillo Pinillos, presunto organizador material y ejecutor del asesinato de Santiago Brouard, vuelva a burlar en Ecuador la persecución policial. Para evitarlo, comunicó ayer directamente al Ministerio de la Gobernación del país suramericano la orden internacional de busca y captura contra el prófugo. La juez adoptó esta decisión ante la posibilidad de que la orden, firmada el pasado 5 de junio, aún no haya sido tramitada por la sección española de Interpol.
La confirmación de la presencia de Morcillo en Ecuador, que la magistrada ya conocía desde primeros de mes, originó ayer una intensa actividad en el juzgado de Instrucción número 1, encargado del sumario por el atentado mortal contra el dirigente de Herri Batasuna (HB), cometido el 20 de noviembre de 1984.Sobre las decisiones del juzgado pesa el recuerdo de lo sucedido a finales del año pasado, cuando Morcillo huyó de Verín (Orense) el mismo día que el semanario Cambio 16 reveló su presencia en la localidad gallega bajo una identidad falsa.
La juez ordenó ayer enviar por fax al despacho oficial del ministro de la Gobernación de Ecuador, Andrés Vallejo, documentos relativos a la situación judicial de Morcillo, tales como la orden de busca y captura internacional y el auto de prisión incondicional dictado por ella misma en enero de 1989.
La orden de prisión se fundamenta en indicios suministrados por varios testigos acerca de la participación del fugitivo en el asesinato de Brouard.
Esta iniciativa inhabitual según medios jurídicos vinculados a la investigación del caso, se ha debido a que existen dudas sobre la fase en que se encuentra la tramitación de la orden internacional. Hasta el momento, no hay constancia de que la orden haya llegado.
Un portavoz de la Dirección General de la Policía dijo ayer que la semana pasada, sin que pudiera precisar la fecha exacta, pero un par de días después de recibir la petición judicial, fue enviada a Quito la orden de detención.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Jesús Cardenal, y el teniente de fiscal jefe, Javier Huete, dirigieron ayer sendos escritos al juzgado número 1. Los fiscales piden al juzgado la toma en consideración de las informaciones que confirman la presencia de Morcillo en Ecuador. El abogado de la acusación particular, Txema Montero, se dirigió también a la juez para interesarse por la situación.
Montero entabló comunicación, en su calidad de eurodiputado de HB, con colaboradores directos del ministro ecuatoriano de la Gobernación para pedirle la detención de Morcillo y su puesta a disposición de la juez española.
El ministro no pudo ser localizado ayer telefónicamente en su despacho, donde por la tarde (primera hora de la mañana en Ecuador) informaron que se encontraba en una reunión. Un colaborador próximo, apellidado Valdostinos, declaró desconocer el asunto. Valdostinos no pudo confirmar la recepción de la documentación judicial.
Tratado de extradición
Morcillo, -Informa Emilio Alfaro-, podría ser extraditado a España en el caso de que se produzca su detención por la Policía del Ecuador. El pleno del Congreso de los Diputados ratificará hoy el tratado de extradición que los Gobiernos de ambos países suscribieron el 28 de junio del año pasado en Madrid. Aunque el convenio no contempla su aplicación con efectos retroactivos, una disposición transitoria establece que podrán ser extraditado quien se encuentre en el país al que se solicite su entrega, "45 días después de su entrada en vigor, cualquier que sea la fecha en que se hubiese cometido el delito".