La comunidad de Albarracín no tendrá que pagar a Hacienda por los bosques comunales

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los 23 municipios que integran la comunidad de Albarracin, en la provincia de Teruel -una institución con más de ocho siglos de historia-, en el conflicto con Hacienda, que les reclamaba una deuda de 100 millones de pesetas derivada de impuesto de sociedades por el aprovechamiento maderero de los bosques comunales.

El alto tribunal entiende que los municipios realizan un aprovechamiento del monte al amparo de una ley de 1950, cuyos beneficios revierten en obras comunales, y no una simple explotación industrial con fines lucrativos, por lo qu...

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los 23 municipios que integran la comunidad de Albarracin, en la provincia de Teruel -una institución con más de ocho siglos de historia-, en el conflicto con Hacienda, que les reclamaba una deuda de 100 millones de pesetas derivada de impuesto de sociedades por el aprovechamiento maderero de los bosques comunales.

El alto tribunal entiende que los municipios realizan un aprovechamiento del monte al amparo de una ley de 1950, cuyos beneficios revierten en obras comunales, y no una simple explotación industrial con fines lucrativos, por lo que no deben pagar dicho impuesto.

Los pueblos talan unos 30.000 metros cúbicos de pinos al año, dan trabajo eventual a unas 400 personas y el importe de la madera, que exportan sin transformar, se destina a diversas obras de la comarca.La sentencia del Supremo puede sentar jurisprudencia, pues varios pueblos de la sierra de Gúdar (Teruel) tienen pendiente un proceso similar al negarse a pagar dicho impuesto de sociedades por el aprovechamiento de los montes comunales.

Los 23 municipios de la comunidad de Albarracín cuentan con un total de 5.000 habitantes, y la comarca está considerada como una de las más deprimidas de España, por debajo de la media nacional respecto a renta y medios de vida, y con una población envejecida, ya que el 70% de los habitantes son jubilados.

La negativa de los ayuntamientos a pagar se basó en que no había precedentes en España o en este tipo de impuestos sobre explotaciones forestales y en los graves perjuicios que representaría para los 23 municipios, que tienen en el aprovechamiento maderero, junto al turismo y la ganadería, su principal fuente de riqueza.