Ofensiva de España contra el narcotráfico en Gibraltar

España propondrá dentro de dos semanas al Reino Unido la ampliación a Gibraltar de los convenios bilaterales sobre cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y extradición, para intentar evitar que la colonia se convierta aún más en "una plataforma de contrabando no sólo de tabaco, sino de droga" y en "un centro de blanqueo de dinero generado por los estupefacientes". Esta descripción de la utilización del Peñón para actividades relacionadas con el narcotráfico fue hecha el 24 de enero por el jefe de la diplomacia española, Francisco Fernández Ordóñez, ante la Comisión de Asuntos E...

España propondrá dentro de dos semanas al Reino Unido la ampliación a Gibraltar de los convenios bilaterales sobre cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y extradición, para intentar evitar que la colonia se convierta aún más en "una plataforma de contrabando no sólo de tabaco, sino de droga" y en "un centro de blanqueo de dinero generado por los estupefacientes". Esta descripción de la utilización del Peñón para actividades relacionadas con el narcotráfico fue hecha el 24 de enero por el jefe de la diplomacia española, Francisco Fernández Ordóñez, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Tras expresar la inquietud del Gobierno por la transformación que padece la Roca, el ministro afirmó que el Ejecutivo "tomará las medidas necesarias" para impedir esa peligrosa evolución. El Gobierno tiene sobrados motivos para estar preocupado. En los últimos dos años se han creado en el Peñón 26.000 sociedades anónimas -su número supera al de los habitantes-, convirtiendo a Gibraltar, según un informe oficial, "en uno de los territorios preferidos para realizar en España operaciones que, utilizando dinero de origen ilícito, pretenden darle apariencla de legalidad".La legislación mercantil que regula la constitución de sociedades en la Roca favorece este tipo de actividades. El capital social requerido para su constitución es mínimo; las formas sociales más frecuentes, la sociedad off shore y la public company, ni siquiera necesitan para operar una inscripción registral, y su creación y administración pueden correr a cargo de terceras personas, generalmente abogados. La titularidad de la empresa está representada por un mero documento al portador.

La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas está investigando a varias decenas de sociedades, pero se queja no sólo de la escasa colaboración de las autoridades gibraltareflas sino de la pasividad de Hacienda, que, enfrascada en otras batallas internas, como las primas únicas, dedica poca atención a lo que un diplomático describe como "el tumor cancerígeno gibraltareño". "Con tal de conseguir inversiones", comenta, "Economía y Hacienda autoriza muchas transacciones con cierta ligereza".

Con vistas a preparar la entrevista que celebrará en Madrid con su homólogo británico, Douglas Hurd, el 26 de febrero, Fernández Ordóñez se ha reunido estos últimos días con el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, 31 el fiscal especial para las drogas, Miquel Solans, al tiempo que ha escrito cartas exponiéndole el problema al titular de Economía, Carlos Solchaga.

En estos encuentros se han examinado las peticiones que Fernández Ordóñez formulará a su huésped y que, además de la extensión a Gibraltar de las mencionadas convenciones, consisten en pedir a las autoridades británicas que inspeccionen las sociedades patrimoniales radicadas en la colonia dedicadas a la inversión mobiliaria e inmobiliaria en la Costa del Sol, así como a las personas que las administran, y que suministren, por último, información policial sobre el origen de los capitales.

Las primeras reacciones británicas muestran una gran propensión a la cooperación con España en la lucha contra el narcotráfico, y sólo el ministro principal de la colonia, el laborista Joe Bossano, se muestra escéptico sobre la utilización ilícita de las facilidades que ofrece el Peñón.

"Nuestra legislación" en materia de represión del tráfico de drogas, aseguraba Bossano en una reciente entrevista a Diario 16, "es mucho más rígida que la española y nos permite confiscar ese dinero" en trance de blanqueo, pero su legislación mercantil es, en cambio, más liberal.

Además de pedir a los británicos su colaboración, la parte española debe tomar medidas unilaterales que, según la Fiscalía antidroga, consistirán en establecer en España una relación, a través de los registros de la propiedad, de las compraventas efectuadas por sociedades gibraltareñas, investigar a las sociedades españolas domiciliadas en Gibraltar y recabar información sobre los bancos españoles que operan allí.