La sombra de la privatización

Catorce organizaciones de juristas de España se reúnen esta semana en Valencia en un congreso para analizar las consecuencias positivas y negativas de la reforma Múgica. Ante el objetivo de dar mayores garantías al usuario de la justicia, la reforma, si no hay la suficiente dotación económica para desarrollarla, puede conducír al colapso y, en según qué casos, a su privatización.Tan necio resultaría descalificar globalmente la denominada reforma Múgica como magnificar los resultados de la misma. Sin embargo, un hecho es incuestionable: hoy por hoy, no se puede abordar el tema de la just...

Catorce organizaciones de juristas de España se reúnen esta semana en Valencia en un congreso para analizar las consecuencias positivas y negativas de la reforma Múgica. Ante el objetivo de dar mayores garantías al usuario de la justicia, la reforma, si no hay la suficiente dotación económica para desarrollarla, puede conducír al colapso y, en según qué casos, a su privatización.Tan necio resultaría descalificar globalmente la denominada reforma Múgica como magnificar los resultados de la misma. Sin embargo, un hecho es incuestionable: hoy por hoy, no se puede abordar el tema de la justicia española, y de los cambios que necesariamente han de operarse en la misma, sin referirse a los cambios propugnados -o asumidos- por el equipo ministerial.Tras la ya famosa sentencia de julio de 1989 del Tribunal Constitucional, el juez que instruye una causa penal, no puede juzgarla. Y que tras esa importantísima sentencia, se crean en España los juzgados de lo Penal. Con ello, el Ministerio de Justicia, ha dado fin a una situación a todas luces irregular en un estado de Derecho. Esto es, que el juez, fuese a su vez juez y parte al ser una misma persona instructora y sentenciadora de los hechos.

Parece indudable, pues, que las garantías del ciudadano inmerso en un procedimiento judicial, han experimentado una sensible mejora con la creación de los juzgados de lo Penal. Además, la entrada en vigor de la ley de Planta y Demarcación Judicial, ha supuesto un loable intento por parte del poder central, para adecuarse a los cambios administrativos y territoriales derivados de la nueva estructuración del Estado.

Sin embargo, de nada servirá la nueva ley de Planta, si a los juzgados recién creados no se les dota de medios materiales y personales adecuados a la misión que se les ha encomendado.

Si se nos permite un ejemplo, podríamos recordar que, en El Prat de Llobregat, en cuyo término municipal se asienta el aeropuerto de Barcelona, el antiguo juzgado de Distrito ha pasado a convertirse en un Juzgado de Instrucción, con el aumento de competencias que de dicho cambio se derivan. Así, los numerosos hechos delictivos quee se descubren en cualquier aeropuerto internacional -y en este caso en el de El Prat-, serán competencia, en gran parte, del Juzgado de Instrucción de El Prat de Llobregat. Una tarea a todas luces difícil de cumplir con garantía, dados los medios de que en la actualidad dispone.

Frustración

Pero si la denominada reforma Múgica se duerme a la sombra de estos laureles -no demasiado frondosos-, se corre el grave peligro de que las expectativas que la sociedad española tiene respecto a un auténtico cambio de la justicia, se vean una vez más frustradas.

El Ministerio de Justicia ha de sincronizar la lenta y tortuosa marcha de la justicia, con una sociedad tan dinámica como la española. Debe desarrollar el espíritu del artículo 24 de la Constitución donde se proclama que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". ¿Y no es un caso flagrante de indefensión que el ciudadano de a pie tenga que esperar, en ocasiones varios años, para que se ejecute su sentencia? ¿Acaso la obligatoriedad de comparecer ante los tribunales con un procurador puede mantenerse indefinidamente sin producir indefensión?

Es inaplazable simplificar las relaciones entre el ciudadano y los tribunales. Y hay que conseguir que estos últimos dicten sus sentencias dentro de plazos razonables. Algo impensable si no se modifican las obsoletas normas procedimentales vigentes, lo que resulta compatible con las garantías de las partes.

Y desde luego, debe ahuyentarse la sombra de la privatización -otra más- de la Justicia que se cierne sobre nuestro país.

Estamos pensando en la cre ciente tendencia de las grandes compañías multinacionales, a dirimir sus diferencias al margen de los Tribunales de Justicia, que son sustituidos por árbitros privados cuyas minutas bastan para seleccionar a los clientes.

Tales prácticas encierran graves peligros bajo su quijotesca apariencia. ¿En qué atenta a un estado de Derecho que un "hombre bueno", "comité de sa bios" o como quiera denominar se a los tribunales arbítrales, aú nen posturas, acerquen criterios o incluso dicten sentencias?

Servicio público

Pues resulta que el ejercicio del Poder Judicial en un estado de Derecho, tiene entre sus principales características, el ser un servicio público. Lo que le permite a cualquier ciudadano interesado conocer las razones por las que hay un juicio y una sentencia.

Sin embargo, cuando las grandes compañías, cuyos intereses privados no siempre respetan los públicos, recurren a "tribunales privados", sustraen sus auténticas intenciones, a la opinión pública. Tal práctica, favorece la ocultación de delitos ecológicos, financieros, etcétera, cuya tipificación resulta urgente.

Se trata de problemas todos ellos, que por su complejidad, y por la tremenda influencia que tienen sobre toda la sociedad, trascienden no sólo al Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial. Las soluciones a la justicia, sólo son posibles desde unos pactos en los que se sientan involucrados no sólo quienes visten toga, sino cualquier ciudadano.

Por todo lo hasta ahora dicho, se agradece la implantación de los juzgados de lo Penal, preocupa la proliferación de tribunales arbítrales, y seguimos a la espera de que se instaure el Jurado en España. Es decir, de que la sociedad y la justicia, no se perciban mútuamente como algo completamente ajeno.

Y por supuesto, se es consciente de que sólo el consenso entre todos los sectores de la justicia -consenso que ha de contar con el respaldo mayoritario de los ciudadanos-, puede sentar unas bases sólidas para una justicia entendida, y puesta en práctica, como un servicio público. Todos estos temas serán debatidos en el II Congreso de Gentes del Derecho del Estado Español que se celebrará en Valencia los días 26, 27 y 28 de enero convocado por 14 organizaciones de juristas.

Josep Maria Bernat y Amadeu Recasens son presidente y secretario, respectivamente, de la Associació Catalana de Juristes Demócrates.