¿Cómo mejorar la distribución?

De hecho, una parte del camino al que me refería ayer lo hemos recorrido ya en estos cuatro años de expansión y de crecimiento del empleo. Ahora, en 1989, tenemos una tasa de salarización del 72,5%, y sin embargo la participación de los salarios en el producto sigue en el 46,1 %, con lo que el desfase en salarización respecto a la CE se ha reducido a ocho puntos -y a algo más de 10 respecto a la OCDE-, mientras que los desfases en la distribución siguen siendo de cuatro y cinco puntos, respectivamente. La relación en los desfases es ahora de un punto en reparto por dos en salarización.Sin emba...

De hecho, una parte del camino al que me refería ayer lo hemos recorrido ya en estos cuatro años de expansión y de crecimiento del empleo. Ahora, en 1989, tenemos una tasa de salarización del 72,5%, y sin embargo la participación de los salarios en el producto sigue en el 46,1 %, con lo que el desfase en salarización respecto a la CE se ha reducido a ocho puntos -y a algo más de 10 respecto a la OCDE-, mientras que los desfases en la distribución siguen siendo de cuatro y cinco puntos, respectivamente. La relación en los desfases es ahora de un punto en reparto por dos en salarización.Sin embargo, la senda aconsejable para avanzar depende de la ordenación de prioridades que hagamos. La rapidez en el crecimiento del empleo y del número de asalariados del último cuatrienio en España se explica en parte por la corrección del desequilibrio producido durante la crisis y que prácticamente agotó el margen de inversión necesaria para, que la economía reaccionara a los nuevos desafíos.

Podemos, pues, distribuir más rápidamente y crecer menos, o crecer más y moderar la distribución. Lo que no podemos hacer es saltarnos a la torera las sendas equilibradas porque eso nos haría retroceder, ni dejar de distribuir mejor porque eso resultaría incompatible con la armonía social futura y con la colaboración entre el trabajo y el capital en la prosperidad económica.

He dibujado en el gráfico adjunto la senda del avance en el empleo asalariado y en la distribución del producto que me parece óptima para aproximarnos al grupo de países de la CODE que cuentan actualmente con mayor volumen de empleo, cuya tasa de salarización supera el 80%. Para esos 14 países, la relación entre distribución y salarización está representada por la línea continua. La senda propuesta para España es la de la línea discontinua, ya recorrida a medias entre 1985 y 1989 en la parte menos grata, pero también a muy fuerte ritmo. De prolongarse, se alcanzaría la línea continua a la altura del 75% de salarización, lo que supone un crecimiento del empleo del 10%. Pero no es ésa la cuestión.

De lo que se trataría en el inmediato futuro es de avanzar hacia un objetivo de salarización del 78% -lo que supone un aumento de una cuarta parte en el empleo total-, con una participación del 48% del producto. De esta manera, la mejor distribución sería compatible con un fuerte ritmo de crecimiento del empleo en esta primera etapa, para dar prioridad a continuación a la distribución. Al alcanzar el 80% en tasa de salarización, un punto adicional supondría ya un aumento del 0,7% en la participación de los salarios en el PIB, que es precisamente lo que sucede en el grupo de países de cabeza (en términos estadísticos, 0,7 es la pendiente de la recta de regresión dibujada en el gráfico). Mientras no lleguemos a ese punto, la pendiente de 0,36 es la del total de la OCDE, por lo que en ningún caso se trataría de abandonar un camino común a los países de nuestro entorno. Se trata de maximizar en la primera etapa la creación de empleo, sin por ello dejar de avanzar en la distribución, para acelerar más tarde el reparto.

Empleo e inversión

Las razones por las que una menor presión en la distribución repercuten sobre el empleo son fáciles de explicar, ya que el excedente bruto de explotación de la renta nacional se destina mayoritariamente a inversión. Por esta razón, la formación bruta de capital fijo, que en 1984 alcanzó su mínimo en España -un 22% por debajo de la de 10 años antes-, comenzó a crecer en términos reales a partir de 1985, hasta alcanzar un ritmo de casi el 15% anual en 1988, precisamente durante la etapa en que la participación salarial en el producto bruto se mantuvo estable. En el conjunto de la CE, las cosas sucedieron casi igual, aunque a un ritmo menos intenso. También allí los niveles salariales anteriores a 1985 eran incompatibles con la inversión (ver cuadro 3).

Lo que no resulta extraño, dado que la inversión verdaderamente dinámica es la que se financia con recursos generados por la propia empresa. Según la Central de Balances, las empresas destinaron a autofinanciación el 65% de los recursos generados entre 1985 y 1988, y éstos pasaron de ser un 25% a un 38% del valor añadido total, mientras que los costes laborales bajaron desde un 64% en 1984 al 6 1 % en 1987-1988, y los financieros, desde un 13% a un 3%.

No se trata en el futuro de prolongar la situación pasada, sino de facilitar un trasvase paulatino de las ganancias de productividad hacia los salarios, para mejorar la distribución.

Esta mejor distribución reforzaría la capacidad de creación de empleo en la economía y mejoraría la democracia industrial si, en lugar de repartir el excedente a través de los salarios directamente percibidos por el trabajador, se llevase a cabo a través de fondos de inversión. Con ello se reforzaría, además, el interés efectivo de los trabajadores en la marcha de las empresas, como quiere el artículo 129 de la Constitución, y franquearíamos antes la primera etapa.

Mucha gente cree que esto de los fondos de inversión es una idea de socialismo duro. Se sorprenderá al saber que, además de los fondos de inversión suecos, más de 10 millones de trabajadores participan en EE UU en planes de propiedad de acciones de sus empresas (ESOP), en lo que se ha llamado el avance durante la última década de la economía del reparto, llevada hasta el extremo por Martin L. Weitzinan en el libro de igual título. Esta simple forma de pagar una parte del salario en acciones, si se lleva a la negociación colectiva y los representantes laborales controlan el proceso, es un plan de inversión que logra todos los objetivos de mejor distribución, más empleo y mayor participación. El Estado puede apoyarlo -sobre todo haciendo una buena tipificación fiscal-, pero no puede sustituir a nadie. Desde 1979 (con el AMI) venimos hablando del asunto. Éste podría ser un buen momento para empezar a hacerlo.