Las razones de España

Las autoridades judiciales francesas han reclamado en dos ocasiones la colaboración española sobre las armas desviadas al IRA por medio de comisiones rogatorias. El hecho ha sido tratado en España en tres niveles, pero ninguno de los canales ha dado una respuesta positiva a la solicitud. Razones de seguridad del Estado y de tratarse de un asunto clasificado como secreto han sido los dos argumentos empleados oficialmente en España para negar los datos, mientras el canal judicial ha servido sólo como enlace.La segunda de las comisiones rogatorias fue tramitada por el magistrado Brugiére, del Tri...

Las autoridades judiciales francesas han reclamado en dos ocasiones la colaboración española sobre las armas desviadas al IRA por medio de comisiones rogatorias. El hecho ha sido tratado en España en tres niveles, pero ninguno de los canales ha dado una respuesta positiva a la solicitud. Razones de seguridad del Estado y de tratarse de un asunto clasificado como secreto han sido los dos argumentos empleados oficialmente en España para negar los datos, mientras el canal judicial ha servido sólo como enlace.La segunda de las comisiones rogatorias fue tramitada por el magistrado Brugiére, del Tribunal de Gran Instancia de París, quien vino a España a finales de septiembre del año pasado antes de dirigirse a Bélgica e Italia. Otras de las armas intervenidas en el Eksund, aunque en su mayoría de fabricación soviética, fueron vendidas a Libia por los citados países, además de la propia Francia.

Secreto para todos

La respuesta oficial al magistrado de París hace referencia a que la materia afecta a la seguridad exterior del Estado, como así lo decidió el Consejo de Ministros en su reunión del 16 de diciembre de 1988. Previamente, la junta interministerial reguladora del comercio exterior de armas y explosivos -en la que están representados altos cargos de Defensa, Exteriores, comercio y otros ministerios- había estudiado la petición francesa. La junta resolvió que no debía facilitarse tal información a Francia, pues meses antes ya se había comunicado oficialmente al Congreso de los Diputados que las deliberaciones de esa junta -que autoriza las exportaciones de armas- son secretas.

Tras estudiar el caso en la mencionada junta interministerial, el problema fue analizado por varios subsecretarios de departamentos ministeriales con competencias en las concesiones de licencias para exportar armas, y finalmente la decisión fue trasladada al Consejo de Ministros. La Audiencia Nacional, encargada de tramitar las peticiones francesas, no tiene competencias para exigir un a respuesta positiva al Gobierno español ni tampoco para investigar el caso, precisamente por tratarse de un asunto secreto que afecta a la seguridad del Estado.