La UCE se opone a la venta exclusiva de leche maternizada en las farmacias
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha criticado el monopolio que ejerce el Colegio de Farmacéuticos sobre productos elaborados a base de leche para el consumo de niños lactantes y postlactantes, de venta exclusiva en farmacias lo que, en su opinión, perjudica a los consumidores y esta en contra de la ley General de Sanidad.
Según la UCE, España es el único país de la CE donde las farmacias tienen la exclusiva de venta de las leches maternizadas. La liberalización de la venta de estos productos favorecería laseconomías de los consumidores, dado que la situación de monopolio per...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha criticado el monopolio que ejerce el Colegio de Farmacéuticos sobre productos elaborados a base de leche para el consumo de niños lactantes y postlactantes, de venta exclusiva en farmacias lo que, en su opinión, perjudica a los consumidores y esta en contra de la ley General de Sanidad.
Según la UCE, España es el único país de la CE donde las farmacias tienen la exclusiva de venta de las leches maternizadas. La liberalización de la venta de estos productos favorecería laseconomías de los consumidores, dado que la situación de monopolio permite un estancamiento de los precios que en un régimen de libre competencia podría disminuir. Además, se facilitaría la adquisición, al ampliarse los puntos de venta.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha preparado un Real Decreto que modifica la reglamentación técnico-sanitaria sobre elaboración, circulación y comercio de alimentos dietéticos y/o especiales, y que aborda en uno de sus puntos la liberalización de la venta de estos alimentos, dado que las dificultades para adquirirlos "no tienen, en las actuales circunstancias, justificación, debido a la inexistencia de riesgo" derivado de su ingesta.
César Braña, presidente de Instituto Nacional del Consumo confirmó que el decreto, ahora en fase de consultas con los sectores afectados, estará aprobado en un plazo de tres a seis meses.