El regreso de la locura

La mayoría de los enfermos crónicos de los manicomios no necesitan estar internados, según las corrientes de la psiquiatría comunitaria. En Asturias esta premisa se viene ejecutando, respaldada por el Gobierno autónomo, desde 1982. "Lejos de internar al enfermo psiquiátrico y de olvidarse de él, lo que hay que intentar es integrarlo socialmente, aseguran Víctor Aparicio Basauri, director regional de Salud Mental y presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y José García González, jefe de los Servicios de Salud Mental de Oviedo.Cuando se inició la reforma en el Principado, el...

La mayoría de los enfermos crónicos de los manicomios no necesitan estar internados, según las corrientes de la psiquiatría comunitaria. En Asturias esta premisa se viene ejecutando, respaldada por el Gobierno autónomo, desde 1982. "Lejos de internar al enfermo psiquiátrico y de olvidarse de él, lo que hay que intentar es integrarlo socialmente, aseguran Víctor Aparicio Basauri, director regional de Salud Mental y presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y José García González, jefe de los Servicios de Salud Mental de Oviedo.Cuando se inició la reforma en el Principado, el hospital psiquiátrico de Oviedo, el único de la región (1.200.000 habitantes) tenía ocupadas 1.016 de sus 1.100 camas. Hoy sólo quedan internados 380 de aquellos enfermos, la mayor parte de los cuales eran crónicos.

"A estas alturas el cambio es irreversible, porque no se trata sólo de reducir la población interna. La reforma, que tiene defectos y que es mejorable, es más que eso, aunque la filosofía de la misma ya ha calado", según los dos médicos, impulsores desde el primer momento de este proyecto.

El caso asturiano tiene precedentes en el extranjero, pero en España es una de las regiones pioneras, junto con Andalucía y con algunos de los hospitales de Madrid, donde se siguen pautas similares. En Navarra se prepara una renovación parecida. La Asociación Española de Neuropsiquiatría ha expresado, en su revista, su queja porque "la reforma, que debería estar enmarcada en las líneas generales del informe de la comisión ministerial, se está realizando de forma muy desigual y a un ritmo de preocupante lentitud".

La mayor parte de los manicomios pertenecen en España a diputaciones, cabildos y otras instituciones, por lo que no están integrados en el Insalud, organismo sobre el que la asociación alberga la "duda razonable de si tiene un programa de salud mental". "Todo esto impide un desarrollo conjunto de la reforma en el Estado", según Víctor Aparicio.

"Nuestro razonamiento no es antipsiquiátrico, como el de Cooper o Laing, no negamos la locura, sino que la consideramos una esclavitud y luchamos contra sus causas y sus circunstancias", afirma José García, que es miembro del comité de expertos que elaboró el informe de la comisión ministerial para la reforma psiquiátrica.

Recelo inicial

"Inicialmente, parte del personal del hospital acogió con recelo nuestro modelo, inspirado, pero no copiado, de otros vigentes ya en Europa; pero hoy globalmente no se cuestiona, aunque no hay ningún motivo para el triunfalismo, porque queda mucho por hacer", añade. La reforma ha consistido en reintegrar socialmente a la mayor parte de los internos en el manicomio y en una transformación profunda del hospital.Paralelamente, se ha creado una red de servicios de salud mental con varios centros y hospitales de día repartidos por toda la región y se ha mejorado la formación del personal (se ha pasado en seis años de un 10% de titulados medios y superiores a un 30%).

Se ha establecido un sistema MIR (Médicos Internos Residentes), el primero de España, para los psicólogos y éstos han quedado incorporados a los equipos médicos. Y, por último, se ha abierto una línea de investigación que ahora será impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el punto de vista jurídico, la Junta General del Principado, el Parlamento autónomo, aprobó en 1986 un decreto sobre la organización y funcionamiento de los servicios de salud mental y desde ese mismo año está vigente un convenio de la Consejería de Sanidad con el Insalud que permite la cooperación mutua y la integración de recursos, lo que ha facilitado la atención a los pacientes en centros de la red del Estado.

"La evolución ha sido muy positiva y, afortunadamente, no hemos tenido ningún incidente que pudiera poner en duda nuestro método", aseguran Aparicio y García, que ya habían pasado por experiencias similares que resultaron frustradas. "De ellas habíamos aprendido lo suficiente como para no volver a cometer los mismos errores", remachan.

La reforma no ha sido sólo dar de alta a los pacientes crónicos y "que la sociedad se arregle con ellos". "Primero hubo que trabajar con los propios enfermos, que sienten un miedo y una ansiedad enormes al regresar al mundo; después, con las familias a las que van, y, por último, con la puesta en marcha de los centros de atención médica y de los servicios sociales".

Fin del hacinamiento

"Ha habido, sobre todo, un cambio muy importante dentro del hospital psiquiátrico. Antes, había 67 salas previstas para seis camas, pero en algunas llegaban a contar con 30 o 40, con lo que el hacinamiento era evidente. Hoy ninguna de las salas tiene más de seis camas", subraya José García, para añadir: "También hemos puesto en marcha las estancias en colonias de verano de los enfermos que permanecen en el hospital, lo que ha proporcionado cambios sorprendentes en la conducta de muchos de ellos y, en general, hemos tratado de mejorar su régimen de vida, de facilitarles actividades y de crearles un ambiente nuevo".Las altas se han concedido tras estudiar "cada caso individualmente". Los dos grupos más numerosos han sido los enfermos que se han reincorporado a sus familias y los que se han internado en residencias de la tercera edad o asilos, dado que o carecían de familia o no tenían relación con ella, que se trataba de personas de edad avanzada y que casi todos disponen de muy pocos recursos. Grupos más reducidos han iniciado una vida tutelada en pisos o en pensiones. En ambos casos, la comunidad autónoma colabora económicamente con los antiguos internos.